La DANA de octubre de 2024 dejó una cicatriz profunda en la Comunidad Valenciana, especialmente en el colectivo de personas con discapacidad, revelando fallos estructurales en los sistemas de emergencia. La catástrofe causó unos 40 millones de euros en daños directos e indirectos a este colectivo y afectó directamente a 1.650 personas, de las que 53 fallecieron.
Estos datos se desprenden de la cuarta edición del ‘Barómetro de las Catástrofes en España’, un informe presentado este miércoles en el X Simposium del Observatorio de Catástrofes, celebrado en Madrid. El estudio, elaborado por la Asociación Cluster Catástrofes y que recoge datos de la Fundación ONCE y Cermi CV, subraya que las trágicas consecuencias en vidas humanas —con 236 víctimas mortales totales en la emergencia, 228 de ellas en la Comunidad Valenciana— ponen de manifiesto “el impacto desproporcionado de estas catástrofes sobre los colectivos más vulnerables”. De los fallecidos, más de un centenar superaba los 70 años.
De las 53 muertes de personas con discapacidad, 10 fueron por efecto directo de la emergencia, 37 por su dependencia de los servicios de teleasistencia que fallaron, y 6 estaban ubicadas en la residencia de mayores de Paiporta.
La vulnerabilidad como consecuencia de las barreras
El informe es tajante al señalar que la vulnerabilidad de las personas con discapacidad “no es una condición inherente a la discapacidad, sino el resultado directo de un entorno con barreras físicas, comunicativas y sociales que agravan drásticamente su exposición al riesgo”.
Lourdes González, responsable de Accesibilidad Tecnológica de la Fundación ONCE, presentó el capítulo titulado 'Lecciones de la DANA 2024 para la evacuación inclusiva y la atención a personas con discapacidad'. En este contexto, la Fundación ONCE registró incidencias en más de 300 agentes vendedores, de los que unos 200 tuvieron que suspender su actividad temporalmente, lo que se tradujo en una pérdida de unos 300.000 euros en rentas de trabajo.
La crisis provocada por la DANA impactó en 32 centros residenciales, dejando a 1.315 personas sin acceso a terapias, tratamientos y actividades vitales para su desarrollo. El Barómetro también denuncia la fragilidad de los sistemas de apoyo y concluye que “la insuficiencia en la planificación de la evacuación y el rescate fue un fallo estructural”. Los planes de emergencia genéricos demostraron ser insuficientes y, de facto, discriminatorios.
Aislamiento forzoso y fallos en la alerta durante la DANA
Uno de los problemas más dramáticos fue el fallo de infraestructuras básicas: más de 10.000 ascensores quedaron fuera de servicio por la DANA. Esta situación generó el confinamiento forzoso de unas 5.000 personas con movilidad reducida, impidiéndoles acudir a citas médicas, terapias o, simplemente, salir de su hogar.
Además, los daños en infraestructuras viarias y de transporte público limitaron el acceso a servicios esenciales, un factor “especialmente crítico para colectivos con alta dependencia de la silla de ruedas”.
El Barómetro también subraya los fallos en los sistemas de alerta inclusiva. Los medios sonoros (sirenas o megafonía) resultaron “completamente ineficaces para las 450 personas sordas identificadas en las zonas más impactadas”. La interrupción de la electricidad y telecomunicaciones, junto a la pérdida de dispositivos, afectó a canales de comunicación digitales vitales, mientras que para las personas sordociegas, la falta de formatos táctiles o vibratorios supuso un aislamiento casi total durante la DANA.
La falta de planes de contingencia en el sistema público se hizo evidente con la interrupción del acceso a medicación vital y a terapias esenciales, con cierres de farmacias, inaccesibilidad a centros de salud y pérdida de recetas.
Reconstruir mejor: El plan de emergencias inclusivo
Ante la magnitud de la tragedia, el informe de la Fundación ONCE y CERMI CV propone una serie de recomendaciones, destacando la necesidad de aplicar el Plan de Emergencias Inclusivo (PEI) en todas las políticas y planes de emergencia. Esto exige un cambio de paradigma hacia un modelo preventivo de “gestión del riesgo”.
El PEI debe incluir un registro oficial de vulnerabilidad, accesible y voluntario, para identificar a las personas con discapacidad y a otros colectivos vulnerables.
Califican de “fundamental” aplicar de forma estricta el principio de “reconstruir mejor”, asegurando que toda infraestructura dañada se rehabilite bajo los principios del diseño y la accesibilidad universal. Esto implica eliminar barreras arquitectónicas y asegurar la accesibilidad cognitiva con señalética clara. La Fundación ONCE también recomienda formación y simulacros inclusivos obligatorios, crear un fondo social específico para emergencias y establecer un Observatorio de Emergencias y Discapacidad. Solo así se evitará que la próxima DANA vuelva a golpear con tanta virulencia a los más indefensos.