Por primera vez en España se aprueba la Ley de Volcanes

Por primera vez en la historia del país, España cuenta con una norma específica para actuar ante una erupción volcánica. El Parlamento de Canarias ha aprobado de forma unánime la llamada Ley de Volcanes, una iniciativa pionera que fija el marco legal para la gestión, la recuperación y la reconstrucción tras un evento de este tipo.

Esta legislación nace como respuesta a una demanda social sin precedentes: más de 19.000 personas firmaron una petición ciudadana tras la erupción del Tajogaite, en la isla de La Palma, ocurrida en septiembre de 2021. Aquella catástrofe, considerada la más destructiva de las últimas décadas en Europa, puso en evidencia la falta de un protocolo legal claro que facilitara la restitución de derechos, viviendas y actividades económicas a los afectados.

Ley de Volcanes: surge desde la ciudadanía

Los impulsores de la norma insisten en que no se trata solo de una respuesta política, sino del resultado directo de la presión ciudadana. El diputado Luis Campos, de Nueva Canarias, destacó que “la sociedad siempre va por delante de las instituciones”, recordando que esta ley es fruto del compromiso colectivo de quienes vivieron el desastre en primera persona.

En la misma línea, Jonathan de Felipe, diputado de Coalición Canaria, subrayó que los vecinos que enfrentaron la erupción de 2021 “regalan a Canarias una norma como esta”, capaz de ofrecer herramientas legales para futuras emergencias y también aplicable de manera retroactiva, en ciertos aspectos, al caso del Tajogaite.

La denominada Ley de Volcanes introduce mecanismos destinados a acelerar la respuesta institucional ante un episodio eruptivo. Entre sus objetivos principales se encuentra dotar de mayor agilidad administrativa a los procesos de reconstrucción y asistencia a los damnificados.

Uno de los puntos más relevantes es que permite volver a construir viviendas perdidas en la misma zona afectada o en un área equivalente cercana, garantizando el derecho a mantener el arraigo territorial. También se establece un carácter retroactivo, lo que implica la protección de derechos económicos y sociales vinculados a erupciones anteriores.

En términos prácticos, la Ley de Volcanes blinda la compensación económica de los bienes destruidos, garantiza viviendas dignas para los afectados y reconoce la necesidad de atender las consecuencias sanitarias derivadas de la exposición a gases y cenizas. Por ello, contempla la creación de un plan de salud específico para la población afectada en La Palma, con enfoque en la vigilancia médica y la atención a largo plazo.

Un marco integral para la recuperación

El espíritu de la Ley de Volcanes trasciende el ámbito de la reconstrucción física. Se busca garantizar la seguridad jurídica y social en todos los procesos posteriores a una erupción: desde la evaluación de daños y la expropiación de terrenos, hasta la compensación de productores agrícolas o pequeños empresarios que pierdan sus medios de subsistencia.

El Parlamento canario, al aprobar la norma por unanimidad, consolidó la idea de que el riesgo volcánico debe afrontarse con una estrategia conjunta y sostenida en el tiempo. De esta forma, Canarias se convierte en un laboratorio jurídico pionero en la gestión integral de desastres naturales.

Primer simulacro de riesgo volcánico en Tenerife

Coincidiendo con la aprobación de la Ley de Volcanes, el archipiélago ha vivido otro acontecimiento histórico: el primer simulacro de erupción volcánica en la isla de Tenerife. El ejercicio se realizará el viernes 26 de septiembre en el municipio de Garachico, con la participación de más de mil efectivos de distintos organismos de emergencia.

El jefe de servicio de Protección Civil, Néstor Padrón, explicó que el operativo arrancará el jueves 25, cuando el semáforo de alerta suba a color naranja, indicando riesgo elevado. A lo largo del viernes se simulará la evolución hasta una erupción inminente, lo que permitirá poner a prueba la capacidad de respuesta coordinada de las autoridades, los científicos y la población local.

El simulacro contempla cinco escenarios simultáneos con diferentes incidentes, que deberán resolverse en tiempo real. Habrá 13 ejercicios específicos, entre ellos la activación de un Punto de Atención al Voluntariado, el despliegue de unidades de monitoreo de gases y calidad del aire, y la participación de un buque oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía (IEO). Este último se colocará frente a la costa de Garachico, donde desplegará un ROV submarino encargado de capturar imágenes y muestras del fondo marino simulado.

Hacia una cultura de prevención y resiliencia

La coincidencia entre la aprobación de la Ley de Volcanes y la realización del simulacro en Tenerife no es casual. Ambas acciones evidencian la voluntad del archipiélago de fortalecer una cultura de prevención, resiliencia y solidaridad ante los riesgos naturales que forman parte de su identidad geológica.

Canarias comienza así una nueva etapa en la que la ciencia, la planificación y las leyes se unen para proteger mejor a sus habitantes. La experiencia del Tajogaite dejó lecciones dolorosas, pero también marcó el inicio de una respuesta más justa, organizada y humana frente a las fuerzas del volcán.