La discapacidad sobrevenida en el empleo como prioridad en las políticas activas de empleo

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha llamado la atención sobre una realidad poco visibilizada: la discapacidad sobrevenida en el empleo. Esta situación se da cuando una persona adquiere una discapacidad mientras trabaja, lo que en muchos casos implica su exclusión inmediata del mercado laboral.

La discapacidad sobrevenida en el trabajo, una prioridad urgente en las políticas de empleo

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha querido poner sobre la mesa una situación que aún no recibe la atención que merece: la discapacidad sobrevenida en el ámbito laboral.

Se trata de los casos en los que una persona adquiere una discapacidad durante el ejercicio de su actividad profesional, lo que con demasiada frecuencia supone la salida inmediata del mercado de trabajo.

Este fenómeno, lejos de ser anecdótico, es una realidad cotidiana para muchas personas trabajadoras. A pesar de los avances en materia de inclusión, la estructura del mercado laboral y las políticas públicas aún no están preparadas para responder de forma adecuada a esta circunstancia.

El paso casi automático de una persona con discapacidad sobrevenida a la inactividad no solo constituye una injusticia individual, sino que también representa una pérdida de capital humano para la sociedad.

Por ello, el CERMI ha lanzado un mensaje claro a los poderes públicos, a los agentes sociales y a los actores económicos, y es que la discapacidad adquirida debe ser considerada de forma prioritaria en las políticas activas de empleo.

¿Cuál es el objetivo y las principales reivindicaciones?

El objetivo no debe ser apartar del trabajo a quienes adquieren una discapacidad, sino todo lo contrario: garantizar que puedan seguir desarrollando su trayectoria profesional si así lo desean, mediante medidas de adaptación, apoyo y flexibilidad.

Una de las principales reivindicaciones del movimiento asociativo es que el entorno laboral se adecúe a las nuevas necesidades de estas personas. Esto implica desde la accesibilidad física y tecnológica del empleo, hasta la reorganización de funciones o el acompañamiento personalizado en el proceso de reincorporación.

Todas estas medidas no deben verse como un gasto, sino como una inversión en cohesión social y en talento de cara a la discapacidad y el empleo.

La entrada en vigor de la ley como hito clave

En este contexto, la entrada en vigor de la Ley 2/2025 marca un hito importante. Esta norma modifica el Estatuto de los Trabajadores para eliminar el despido automático por causas de incapacidad permanente, lo que hasta ahora era una vía legal para excluir del empleo a personas que aún podían y querían seguir trabajando. La aprobación de esta ley es fruto de años de trabajo por parte de las organizaciones del sector y supone un cambio de paradigma necesario.

Sin embargo, este avance legal debe complementarse con otras medidas. Una de las más urgentes es la regulación de la compatibilidad entre el trabajo y la pensión de incapacidad permanente.

Hasta ahora, la legislación vigente obligaba en muchos casos a elegir entre seguir trabajando o recibir una prestación, generando inseguridad y desincentivando la reincorporación.

El nuevo marco debe apostar por esquemas flexibles, equilibrados y motivadores, que no penalicen el esfuerzo de quien desea seguir aportando a la sociedad a través del empleo.