Impulsada por España, Alemania y Francia, la iniciativa busca asegurar el derecho al voto de las personas con discapacidad y la accesibilidad en la participación política, tal como hizo España en el año 2019.
Los ayuntamientos de toda España gastaron 456.899.737 euros en pagar los sueldos de concejales y alcaldes. Andalucía fue la comunidad autónoma que más dinero gastó superando los 86 millones de euros.
Vox parece posicionarse en la línea del Gobierno solicitando un incremento en los presupuestos destinados a la Ley de Dependencia y solicitando la valorización de las personas que se dedican a los cuidados, en su mayoría mujeres.
Miguel Carballeda urge al ministro Bolaños reformar el artículo 49 de la Constitución, eliminando el término 'disminuidos' y reivindicando ser llamados 'personas con discapacidad'.
El PP en el Senado ha propuesto una ley para modificar la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, buscando que las personas dependientes sean automáticamente reconocidas con un 33 % de discapacidad.
