A primera vista el Consejo de Transparencia es un auténtico desconocido para la mayoría de los españoles a juzgar por las pocas reclamaciones, quejas o denuncias presentadas: solo 2.306 en lo que va de año.
Este órgano dio un ultimátum a Sanidad para que desvelase los nombres de los expertos que asesoran al Gobierno en la crisis de la Covid-19. Unos nombres que permanecen en el mayor de los secretos.
En qué consiste este organismo, cuáles son sus funciones, sus miembros y de quién depende.
El Gobierno ha optado por no cumplir muchas de las resoluciones que ha dictado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)
Primero mantuvo suspendidos los plazos administrativos para la tramitación de todas las solicitudes de acceso a la información pública durante dos meses y medio, después ha recurrido al silencio ante numerosas peticiones relacionadas con aspectos de la gestión sanitaria del coronavirus.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a pleitear en los tribunales hasta en 77 ocasiones para no atender a las resoluciones del Consejo de Transparencia. En estos casos, ministerios y organismos públicos interpusieron recursos para tratar de esquivar los requerimientos de información.
El Ejecutivo ha logrado por esa vía, por ejemplo, blindar la entrega de la correspondencia con el Vaticano en relación con la exhumación de los restos de Franco. El Ministerio de Carmen Calvo no dio información al entender que podría poner en riesgo las relaciones con la Santa Sede. Sin embargo, el Consejo de Transparencia rechazó la argumentación, afirmando que no existía confidencialidad de la documentación solicitada, ya que había sido hecha pública con anterioridad por el propio Gobierno en sus declaraciones, y que dicha documentación, además, tenía un 'indudable interés público'.
El Gobierno también ha recurrido a la Justicia para evitar facilitar datos sobre el personal nombrado ‘a dedo’, así como sus retribuciones anuales. El Consejo estimó que 'efectuada la ponderación a que obliga la ley de transparencia entre el derecho a la protección de datos y el derecho de acceso a la información, debe prevalecer este último en aquellos supuestos de datos de trabajadores que ocupen puestos directivos o de responsabilidad en la toma de decisiones'. La Justicia rechazó los argumentos del Ejecutivo y le instó a facilitar la información.
Pero, ¿qué hace exactamente el Consejo de Transparencia?
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público, independiente, con un claro objetivo: que la Administración sea más clara y accesible para todos. Es la vía que tenemos todos los ciudadanos para acceder a la información pública.
- El Consejo tiene seis personas en su cúpula: el presidente, cuatro subdirectores y un responsable de la unidad de apoyo
- Cuenta con 21 funcionarios en plantilla y poco dinero: un presupuesto de 2,2 millones de euros.
El 20 de octubre de 2020, en plena segunda oleada de la pandemia, el Gobierno designó a José Luis Rodríguez Álvarez, exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, hombre de confianza del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y mano derecha del que fuera ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
Rodríguez es el tercer presidente del Consejo de Transparencia en seis años. Su predecesor, actual subdirector, Javier Amorós estuvo casi tres años interino, y la primera presidenta, Esther Arizmendi - nombrada en 2014 y fallecida durante su mandato- tuvo que lidiar con presiones políticas. Se opuso a que el exministro José Manuel Soria fuera candidato al Banco Mundial y se granjeó enemistades en el seno del PP.
Todas las administraciones públicas están obligadas por ley a ser transparentes, desde hace siete años. Existe además un Portal de Transparencia del Estado que permite a los españoles pedir información pública al Gobierno y este tiene el deber de suministrársela.
¿Qué pasa si esa información requerida por el ciudadano no llega, o llega incompleta? Ahí interviene el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Decide qué información puede o no ser pública cuando Administración y ciudadanos no se ponen de acuerdo.
¿Desde cuándo existe?
España fue uno de los últimos países europeos en redactar una ley de Transparencia. El Consejo de Transparencia nació a finales de 2014. Aunque independiente, el organismo pertenecía al Ministerio de Hacienda. Ahora ha pasado al organigrama del Ministerio de Política Territorial.
¿Puede cualquier ciudadano recurrir a él?
Sí. Tanto si la información requerida por el ciudadano al Portal de la Transparencia no ha sido proporcionada, no está completa o no se considera suficiente.
Los ciudadanos tiene un mes de plazo para reclamar al Consejo desde que el Portal de Transparencia les haya contestado.
Pueden hacerlo por correo normal, email, en la propia sede o en un registro público.