El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, califica este año 2020 como un año "devastador" para la discapacidad por la pandemia.
Además, en declaraciones a Servimedia, el presidente denuncia la falta de diálogo con el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Como aspecto positivo a destacar en 2020 destacó la erradicación de la esterilización forzosa e insistió en que ha sido un triunfo de "la sociedad civil que es la que promueve estas políticas arrastrando a los poderes públicos que siempre llegan tarde, mal y a veces nunca. Carecen de iniciativa, no están a la vanguardia".
El Tercer Sector "está a punto de estallar" por falta de recursos
El Cermi afirma que si la pandemia ha sido terrible para toda la sociedad, lo ha sido más para este colectivo y sus familias porque "tienen una situación de partida respecto a la salud que les hace más frágiles, una situación que tiene mucha carga social. Las personas con discapacidad se ven obligados a vivir, en muchas ocasiones, de forma colectiva lo que supone incrementar el riesgo de contagio".
Estas circunstancias han provocado un sufrimiento "desproporcionado en términos de vidas perdidas y de un mayor índice de contagios".
Los derechos humanos de las personas con discapacidad se hayan visto afectados por la pandemia
El presidente del Cermi hace referencia a "derechos básicos como la vida, la integridad y la salud se han visto amenazados".
Además, la contratación de personas de este colectivo ha caído en picado este año. "Ya estábamos mal, pero vamos a salir peor. Los efectos de la caída del empleo en personas con discapacidad son terribles y 2021 no creo que será un buen año".
El Cermi reclama una mayor financiación
El sector está extenuado por ayudar a donde no llega el Estado. Los recursos del Tercer Sector son ínfimos. El presidente del Cermi afirma que se sienten a la deriva, la situación de precariedad es extrema en muchas organizaciones pequeñas, sin músculo financiero, que están condenadas al fracaso, a la inactividad y a bajar el tono de su acción. Esto es una gran pérdida para los grupos vulnerables porque el Estado sigue cerrado, las oficinas atienden con cuentagotas y las personas necesitan ayuda.