Entre datos de pandemia, ERTE, y restricciones a la movilidad, es posible que ya no recuerdes el nombre de Ángel Hernández. Fue la persona que asistió a su mujer con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), para que pudiese descansar definitivamente.
Fuentes fiscales han informado que se han solicitado seis meses de prisión para Ángel Hernández por la comisión de un delito de cooperación al suicidio.
Ángel Hernández cumplió el deseo de su esposa
En su escrito de acusación, el fiscal subraya que María José Carrasco le expresó de forma “constante” su deseo de acabar con su vida. El motivo: los “intensos” dolores “más allá de lo que podía soportar” por la enfermedad crónica con la que convivía. Finalmente, su marido, “desamparado por la falta de ayudas institucionales”, cumplió la petición de su esposa.
Ahora se le imputa por “cooperación al suicidio”. Y la Fiscalía informa, “para el supuesto de que se dictase sentencia condenatoria y se tramitase expediente de indulto, el Ministerio Fiscal; atendidas las circunstancias concurrentes en el presente caso, emitirá un informe favorable”.
Enmarcado el caso en violencia hacia la mujer
Y es que, este caso fue derivado a Violencia de género, y el juzgado número 5 ha concluido la causa. En este punto, la Fiscalía de Madrid se opuso a que la causa encajara en un delito machista; ya que no existía un contexto de “dominación y discriminación” del hombre sobre la mujer.
Recordemos que, María José Carrasco sufría esclerosis múltiple desde hace 30 años y su marido, Ángel Hernández, la ayudó a morir. En el marco jurídico, esta conducta está contemplada por el Código Penal al constituir un delito de cooperación al suicidio, penado con hasta 10 años.
ELA en María José
En 1989 María José, la esposa del acusado y con quien mantenía una relación sentimental desde 1982; fue diagnosticada de ELA , “una enfermedad crónica degenerativa e incurable”.
Exactamente, cinco años después, recibió un grado de discapacidad del 82%, y fue en 1996 cuando recibió la Gran Invalidez. “A partir de ese momento, necesitó del apoyo de terceras personas para todas las actividades básicas de la vida diaria. Por ese motivo Ángel Hernández pidió en su trabajo, una reducción de jornada laboral para atenderla”, expone la Fiscalía. Y poco tiempo después, solicitó en su trabajo la excedencia, para atender a su mujer a tiempo completo.
Derecho a morir dignamente
Fue en 2014, cuando María José comenzó a expresar tanto a su marido, Ángel Hernández, como a terceras personas su intención de acabar con su vida.
Hernández, entró en contacto con la asociación Derecho a Morir Dignamente, donde recibieron asesoramiento. “Aun a pesar del avance de la enfermedad, el nulo apoyo de las administraciones y la firme voluntad de María José de poner fin a su vida, Hernández intentaba disuadirla o cuanto menos retrasar el momento”, recalca el fiscal.
Sin tener constancia de la fecha determinada, pero antes de 2018, la fallecida, “que aun podía usar sus manos”, compró a través de Internet un frasco de 100 mililitros de pentobarbital sódico y una vez recibido, “lo guardaron en el domicilio por si en un momento dado tenían que usarlo”.
“También desde esa fecha, las peticiones de María José de poner fin a su vida dignamente fueron constantes. Hizo un testamento de últimas voluntades y manifestó de forma expresa que rechazaba su alimentación por vía artificial (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea)”, señala el escrito de acusación.
Cuando María José falleció, Ángel Hernández, llamó a emergencias y explicó a los profesionales lo que había sucedido. Repitió el argumento cuando la policía se personó en el domicilio familiar.