La presidenta de la Fundación Cermi Mujeres, Marta Valencia, ha pedido a la Unión Europea la prohibición total de las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad, una práctica que afecta a miles de mujeres y niñas en todo el mundo.
España y Suecia, únicos países en prohibir las esterilizaciones no consentidas
Oír el término “esterilizaciones forzosas” es muy común en aquellos países donde la vulnerabilidad y la pobreza se unen bajo una misma mirada: las políticas con una mirada dictatorial y algo “tradicional”. Sin embargo, con el paso de los años se ha conseguido abolir en muchos países europeos, como en el caso de España y Suecia, donde se prohibió de forma taxativa en sus legislaciones.
A pesar de ello, hay otras zonas del mundo donde sigue siendo algo “bien visto”, por lo que Cermi Mujeres ha decidido plantar cara y hablar sin tapujos sobre una realidad escondida. Lo ha hecho su presidenta, Marta Valencia, quien pidió el pasado viernes a la Unión Europea la prohibición de las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad, una práctica que sobre todo afecta a las mujeres y niñas.
Todo ello lo hizo bajo el diálogo #TúEresEuropa sobre discapacidad, organizado por la agencia de noticias Servimedia con financiación del Parlamento Europeo, dentro de un debate donde participaron eurodiputadas de otros partidos, como Mónica Silvana (PSOE) y Rosa Estarás (PP).
Hasta el momento solo reconocemos a España y Suecia como los únicos países que han prohibido esta práctica en sus legislaciones, a lo que Valencia defendió incluir la ilegalización en las personas con discapacidad dentro de la Directiva Europea contra la Violencia sobre las Mujeres porque “es otro tipo específico de violencia de género”.
“Las esterilizaciones forzosas deberían estar prohibidas por una cuestión de derechos humanos”
Durante la reunión, Rosa Estarás reconoció la dificultad de acordar la propuesta dentro de la violencia de género como “eurodelito”. “Solo los delitos muy graves, como el tráfico de drogas, armas y de personas, son reconocidos a nivel europeo”, de ahí la importancia de incluir también la violencia contra las mujeres.
Según señaló, las esterilizaciones forzosas deberían estar prohibidas por una cuestión de derechos humanos. Además, quiso insistir en la mejora de la atención médica y educativa que se le presta a las familias y mujeres con discapacidad intelectual.
Por su parte, Marta Valencia respondió que “prohibir las esterilizaciones forzosas no tiene por qué desembocar en un embarazo no deseado”, y subrayó que las mujeres con discapacidad que han sido esterilizadas, corren un mayor riesgo de sufrir violaciones y abusos sexuales.
La importancia de publicar datos sobre género y discapacidad
Entre las distintas opiniones individuales, las tres coincidieron en una muy importante: la elaboración y publicación de estadísticas sobre género y discapacidad a nivel europeo, ya que “lo que no se ve, no existe”.
Ofrecer datos sobre las personas con discapacidad, la discriminación a la que se ven afectadas y los casos de esterilizaciones forzosas mostrarían cuál es la realidad y sobre todo cómo se sienten esas mujeres y niñas. La participación de las asociaciones junto a la responsabilidad individual de las personas son la combinación correcta para acabar con la violencia hacia la mujer.