El Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la amnistía por malversación a Carles Puigdemont y Toni Comín, al considerar que se beneficiaron patrimonialmente al financiar el referéndum del 1-O con dinero público.
El Gobierno ha abierto la puerta a una posible reforma del delito de malversación, por el que también fueron condenados algunos líderes independentistas catalanes del procés.
