El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que, a pesar de la legislación española, no se puede despedir a un trabajador que adquiere una discapacidad tras un accidente laboral sin realizar "ajustes razonables" que le permitan seguir trabajando.
Las redes de familiares o conocidos son la principal razón para elegir dónde migrar, por encima, incluso, de las perspectivas de conseguir un trabajo o de otros factores.
El PP propone una nueva ley para salvaguardar el sistema alimentario español, que se ha visto especialmente afectado por el cambio climático y la crisis económica.