La Plataforma por las Empresas Responsables (PER) demandó este lunes al Gobierno que apruebe una ley nacional que proteja los derechos humanos y medioambientales de los pueblos indígenas, cuyos derechos son vulnerados por la actividad de empresas irresponsables.
Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora hoy, la PER recalcó que muchas empresas multinacionales, especialmente empresas constructoras, energéticas, extractivas y agroalimentarias, desarrollan su actividad en terceros países y en contextos donde los derechos humanos y el medioambiente no están protegidos por la legislación.
Los pueblos indígenas quedan desamparados, y muchas empresas golpean sus derechos
Desde la Plataforma aseguraron que, aunque algunas empresas actúan correctamente, otras están causando deforestación, acaparamiento de tierras e impidiendo el acceso al agua y al territorio, sin sufrir consecuencias, afectando a los pueblos indígenas que no pueden acceder a la justicia y reclamar daños y perjuicios.
En España, organizaciones de la PER como Alianza por la Solidaridad-ActionAid documentaron casos en los que los derechos de los pueblos indígenas fueron vulnerados sin consecuencias para las empresas.
Tal es el caso de la empresa Agrogeba por acaparamiento de tierras en las comunidades de Sare Djae, Campampe y Sintcham Ioba en Guinea Bissau.
Estos casos y otros más se encuentran recogidos en el dossier ‘Casos recientes de abusos de empresas españolas’, que evidencia cómo la ausencia de normas claras de responsabilidad empresarial vulnera derechos de las personas (muy especialmente de las mujeres) e impacta negativamente en el medioambiente.
Otros países, como Francia, ya lo han hecho y comunidades afectadas en terceros países por la irresponsabilidad empresarial han podido llevar ante la justicia a empresas como Électricité de France (EDF) por contribuir a violaciones al consentimiento libre, previo e informado, así como por ataques a defensoras en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú en al comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo.
Al no contar con normas claras de responsabilidad empresarial, los derechos humanos quedan totalmente al descubierto
También grupos indígenas y oenegés demandaron al Grupo Casino, gigante cadena de supermercados, por la venta de carne asociada a la deforestación en la Amazonía brasileña y colombiana y la vulneración de derechos de esos pueblos indígenas.
Para evitar que esto ocurra, la PER señaló que es necesario que España apruebe una ley de debida diligencia empresarial para prevenir los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente, que obligue a las empresas a contar con planes de debida diligencia que cubran toda su cadena de valor, transparentes e independientes y que, en caso de que se produzcan, las personas afectadas puedan acceder a justicia y reparación.
Como es el caso de los pueblos indígenas, pues no pueden quedar desprotegidos y es lógico que cuenten con una protección de sus derechos.