Las comunidades autónomas afrontan el problema de acceso a la vivienda construyendo más unidades, enajenando suelo para hacerlo a futuro y facilitando la financiación a los jóvenes, entre otras medidas.
En España, las personas con discapacidad enfrentan dificultades para acceder a viviendas adaptadas. Un 4 % de las viviendas públicas están reservadas para ellas, con ayudas para la compra y alquiler.
La subida de precios de los últimos años está provocando una desigualdad no solo entre generaciones sino dentro de los propios jóvenes, condicionada por un factor principal: la propiedad y las herencias.
Un estudio elaborado por la EAE Business School asegura que en 1993 bastaban 2,6 años de salario completo para ahorrar la entrada para una vivienda, mientras que actualmente se necesitan 3,6 años, lo que supone un aumento de tiempo del 36,7 %.
