En España es obligatorio aportar un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con niños.
Es norma habitual en cualquier trabajo que tenga contacto con menores, como monitores, educadores o personal voluntario, presentar el certificado de delitos de naturaleza sexual.
Los datos recibidos desde el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia aportan desde agosto hasta la primera semana de septiembre, un total de 191.051 certificados de delitos de naturaleza sexual, que es obligatorio para cualquier persona que vaya a trabajar con menores.
El certificado de delitos sexuales es obligatorio para trabajar con menores
Desde el Ministerio se ha informado que entre todos los documentos solicitados hubo cuarenta positivos. Se trata de personas que tenían antecedentes penales por delitos sexuales.
Para incorporarse a un empleo en este contexto, obligatoriamente se debe añadir este documento. Según el Ministerio de Justicia en agosto del presente año se emitieron 126.265 certificados, de los cuales 32 fueron positivos, es decir, se detectó que la persona tenía antecedentes por delitos de naturaleza sexual, y los 126.233 restantes fueron negativos, según estos datos de Justicia.
Una vez terminado el mes de agosto, en el periodo comprendido entre el 1 al 6 de septiembre de 2020, el número de certificados solicitados y emitidos fue de 64.786. Desde el Registro Central de Delincuentes Sexuales se detectaron ocho personas que querían trabajar con niños y que contaban con antecedentes.
Un documento obligatorio
La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley de voluntariado establece la obligación de que se aporten este documento con información negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.
Este impreso sobre los delitos de naturaleza sexual permite acreditar la carencia o existencia de estos delitos que constan en el Registro Central de Delincuentes Sexuales en la fecha en que son expedidos y son de entrega obligatoria para acceder a un puesto de trabajo acción voluntaria.
La fiscalía pone el foco en Barcelona
Los datos presentados por la Fiscalía de Menores de la provincia de Barcelona verifican que existe un aumento en los delitos sexuales, con 115 en 2019 (39 violaciones y 76 abusos), mientras que en 2018 se registraron 92, y en 2017, 70, un crecimiento que el fiscal coordinador del servicio, Francisco Tabuerna, ha tachado de “preocupante”.
En la memoria publicada por la Fiscalía sobre los datos del pasado año indican que, los delitos de violencia en el ámbito familiar se han mantenido en un balance similar (164 en 2019, 223 en 2018 y 201 en 2017), igual que los delitos de lesiones (515, 477 y 498). Con estos datos desde la Fiscalía de Barcelona señalan que, en 2019, no hubo “brotes específicos de delincuencia”, y que las cifras globales sobre delitos cometidos por menores en la provincia de Barcelona fueron muy similares a las de 2018.
¿Hay recursos suficientes para hacer frente a estos delitos?
Desde la Fiscalía de Barcelona, Tabuerna establece como “suficientes” los recursos para cumplir las medidas de internamiento y libertad vigilada, aunque señala en la memoria presentada que “las deficiencias se localizan en la medida de convivencia con un grupo educativo”.
En este sentido, lamenta que “el número de plazas disponible resulta insuficiente, lo que implica que en ocasiones sea difícil dar respuesta inmediata, cuando atendiendo a las circunstancias del caso y especialmente en delitos de violencia en el ámbito familiar, es la medida más adecuada”.
En cuanto a las condenas durante 2019, implicaron diferentes medidas: 94 amonestaciones, 384 internamientos cerrados (108 más que en 2018), 224 internamientos en régimen semiabierto (18 más), 20 internamientos terapéuticos (tres más), y dos internamientos en centros abiertos (uno más).
Ante este repunte de casos por delito sexual en Barcelona tras el informe de la memoria de 2019, se contempla como muy necesaria la expedición del citado certificado para que prevalezca la seguridad de los menores.