Así sí. Los menores en Ceuta llegados en mayo y que no han sido aún devueltos a Marruecos tendrán derecho a documentación en cuanto entre en vigor la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería aprobada en Consejo de Ministros.
Estamos hablando de niños y adolescentes criados en la pobreza, aunque tendamos a difuminarlo bajo el ruido de la utilización política que se hace de ellos y de esa manipuladora estrategia para deshumanizarlos y reducirlos a unas meras siglas: mena, menor no acompañado.
En este Real Decreto, se reduce de nueve a tres meses el plazo para acreditar la imposibilidad de retorno de un menor extranjero que llega a España solo. Pasado este tiempo, las oficinas de extranjería los documentarán de oficio, sin que este procedimiento interfiera en una posible repatriación. De hecho, aunque el nuevo reglamento obliga a conceder papeles a los menores en Ceuta que lleven más de tres meses tutelados, estos podrán aún ser repatriados si se verifican las circunstancias que así lo aconsejan, como la aparición de una familia que los reclaman.
El nuevo régimen jurídico consolida además la posibilidad de que los menores en Ceuta trabajen a partir de los 16 años
Con la pandemia, se dictó una instrucción específica para permitir el trabajo de estos menores en actividades agrícolas que demandaban mano de obra con urgencia, ya que hasta entonces carecían de ese derecho. Sin embargo, “hacía falta consolidarlo a nivel normativo”, apuntaron desde el Ministerio.
Según sus estimaciones, el 70 % de los menores extranjeros que accedieron al mercado laboral a través de aquel instrumento siguen hoy en día trabajando y cotizando a la Seguridad social.
Según apunta Servimedia, muchos de ellos se han transferido a otros sectores de actividad, con lo que la expectativa, ahora que el mercado laboral ha mejorado, es superar ese 70 % de inserción laboral a los dos años.
En definitiva, los menores en Ceuta dejarán de estar condenados a la exclusión
Esta reforma nos homologa con los países del entorno en cuanto a políticas de inclusión.
Unicef España aplaudió esta reforma del reglamento de la Ley de Extranjería para facilitar el acceso de los menores tutelados a los permisos de residencia y de trabajo, que “hasta ahora había sido una auténtica carrera de obstáculos”.
En declaraciones a Servimedia, la responsable de Infancia y Migraciones de dicha entidad, Sara Collantes, calificó el Real Decreto de “hito histórico”, aunque admitió que “por sí solo no soluciona todos los problemas que afectan a la infancia no acompañada en nuestro país”.
En su opinión, “se debe reformar todo el sistema de acogida en lo que se refiere a los menores no acompañados”. “Es preciso agilizar los procesos para el reconocimiento de la tutela efectiva" por parte de las comunidades y ciudades autónomas, apuntó, para evitar “colapsos como los que se han vivido en Ceuta o en Canarias”. Se necesitan también más funcionarios, y abogó por reformar todo el procedimiento de acreditación de la edad.
Además, se ha escolarizado a 201 menores marroquíes que entraron en avalanchas frontera
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Ceuta ha escolarizado a un grupo de 201 menores marroquíes que entraron ilegalmente en la ciudad hace cinco meses como consecuencia de las avalanchas fronterizas.
Según los datos facilitados por el organismo educativo, el número de alumnos de entre 12 y 16 años que asiste a las clases asciende a 182 después de que este miércoles se hayan incorporado otros 37 menores tras cumplimentar los trámites burocráticos.
Estos alumnos asisten a las aulas de acogida que se han establecido en cinco institutos de la ciudad durante todas las tardes.
A este grupo hay que añadir otros 19 menores que se han integrado en los centros educativos de Primaria, siendo niños que están acogidos junto a sus familias en las naves del Tarajal o bien en los centros que han sido habilitados por el Gobierno ceutí para su estancia temporal.
No hay ninguna señal de que la llegada de más menores vaya a terminar
Desde 2009, pasada la crisis de los cayucos, España asumió que la llegada de los más pequeños no sería un fenómeno puntual e introdujo en su Ley de Extranjería dos mecanismos que nunca ha usado.
Uno es el plan estratégico plurianual para la integración de estos menores, que da a la Administración General del Estado el liderazgo para coordinar con las comunidades autónomas las medidas necesarias. Este plan debería formar parte de una más amplia política general de inmigración que conjugue la necesidad que tiene España de explorar soluciones para el envejecimiento de su población, la falta de mano de obra en determinados sectores y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
La ley también recoge la creación de un mecanismo de reparto de menores entre comunidades y la cesión de la tutela —y no solo la guarda— a las ONG. Doce años después, nada de esto ha salido del papel y se sigue improvisando.