A partir del 1 de enero de 2023, entró en vigor en España una serie de nuevos derechos para las personas con incapacidad permanente. La ley que establece estos derechos fue aprobada en octubre de 2021 por el Congreso de los Diputados, y tiene como objetivo mejorar la protección social y la igualdad de oportunidades para este colectivo.
Entre los nuevos derechos que se contemplan en la ley, se encuentra los siguientes:
- Eliminación de barreras arquitectónicas en las viviendas para que sean accesibles para todas las personas, independientemente de su discapacidad.
- Derecho a acceder a la ayuda a domicilio, lo que les permitirá contar con asistencia y cuidados en su hogar.
- Los espacios públicos y privados también deberán ser adaptados para que las personas con discapacidad puedan acceder a ellos sin dificultad.
- La ley también establece que tendrán derecho a un acceso equitativo a los servicios de transporte, tanto públicos como privados. Esto incluye la adaptación de los vehículos de transporte público para que sean accesibles para personas con discapacidad, así como la obligación de las empresas de transporte privado a hacer lo mismo.
- Garantizar la atención prioritaria en los servicios sanitarios.
La inclusión laboral, un aspecto importante de incapacidad permanente
Otro aspecto importante de la ley es el fomento de la inclusión laboral de las personas con incapacidad permanente. Se establecen medidas para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a empleos adecuados a sus capacidades y habilidades, y que puedan desarrollar su carrera profesional en igualdad de condiciones.
También se fomentará la inclusión educativa de las personas con incapacidad permanente, garantizando que puedan acceder a una educación de calidad y adaptada a sus necesidades.
La entrada en vigor de esta ley supone un paso importante para la plena inclusión de las personas con incapacidad permanente en la sociedad. Sin embargo, todavía quedan barreras por derribar, y es necesario seguir trabajando para eliminarlas.
En este sentido, la ley establece la obligación de las administraciones públicas de promover la accesibilidad universal y la eliminación de barreras para las personas con discapacidad.
Protección y promoción de derechos, una responsabilidad de todos
Es importante destacar que la protección y promoción de los derechos de las personas con incapacidad permanente u otra discapacidad es una responsabilidad de toda la sociedad, no solo de las administraciones públicas. Por ello, se hace un llamado a la sociedad en general para que se sume a este esfuerzo colectivo y contribuya a la eliminación de las barreras que aún existen para las personas con discapacidad.
En definitiva, la entrada en vigor de estos nuevos derechos es una buena noticia para las personas con incapacidad permanente y para la sociedad en general. Se trata de un paso importante hacia la inclusión social y la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su grado o tipo de discapacidad.