Plena Inclusión pide una renta mínima para las personas con discapacidad intelectual

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Plena Inclusión pide una renta mínima para las personas con discapacidad intelectual.

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El presidente de Plena Inclusión, Santiago López, reclamó al nuevo Gobierno la aprobación de una ley estatal de derechos sociales que asegure una renta mínima para las personas con discapacidad intelectual, durante un encuentro organizado por la agencia Servimedia y dicha confederación.

Plena inclusión

López hizo suyo el anuncio de una posible ley estatal de derechos sociales por parte del vicepresidente del Gobierno de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

"A partir de aquel comentario, pedimos al Gobierno que esta ley blinde unos servicios mínimos comunes, como la renta mínima para las personas con discapacidad intelectual, y que blinde los apoyos que éstas necesitan". A su juicio, "que el nuevo ministerio se denomine de Derecho Sociales es un cambio muy importante, que eleva nuestras espectativas".

Asimismo, reclamó más apoyos para el empleo de este colectivo, a fin de "adaptar los puestos de trabajo a las necesidades específicas de estas personas", algo "fundamental de cara a al impacto de la tecnología en el mercado laboral".

Retos pendientes

En cuanto a las peticiones pendientes, señaló la educación inclusiva, la reforma del Código Civil y la reforma de la Constitución, cuyos anteproyectos de ley decayeron con la disolución de las Cortes anteriores.

Según López, "en educación inclusiva ya hemos trabajado mucho y bien", y puso como ejemplo la futura ley de educación, que promete avanzar en la tasa de alumnos con discapacidad matriculados en centros ordinarios.

En todo caso, recalcó su propósito de que "en este proceso nadie se quede fuera", e insistió en que no buscan "generar conflictos ni entre familias ni entre profesionales.

A su juicio, "todos los trabajadores que están en centros específicos son grandes profesionales y tienen un encaje perfecto en la educación inclusiva". "Estamos ante un proceso imparable en el que no podemos perder mucho más tiempo. Se trata de cumplir con la agenda 2030 y con el mandato de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad", subrayó.

La situación de las personas con discapacidad

Asimismo, lamentó que en la pasada legislatura la reforma del Código Civil para limitar la incapacitación judicial de las personas con discapacidad y reforzar su toma de decisiones con apoyos, mediante una regulación de la figura de la curatela, no saliese adelante. "Fue un jarro de agua fría, pero los plazos son los que son", reflexionó.

"Teníamos un trabajo muy serio y muy avanzado ya junto la Asociación Española de Fundaciones Tutelares", prosiguió, y "nos encargaremos de recordarlo".

Por último, insistió en la reforma del artículo 49 de la Constitución para remplazar el término de 'disminuido' por el de 'persona con discapacidad', expresión que prefirió a la de 'discapacitado' recomendada por la Real Academia Española (RAE).

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