La nueva ley del derecho a la vivienda deja fuera a las personas con discapacidad

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17/07/2023 - 08:19
Discapacidad y vivienda accesible

Lectura fácil

Desde el Cermi lanzan un informe con la valoración sobre la Ley por el Derecho a la Vivienda y la discapacidad y accesibilidad que se han tenido en cuenta para este reglamento

Así, con este análisis que deja resultados negativos, la organización revela que se trata de una ley que se olvida de las personas con discapacidad, así como de los mayores.

Este informe parte del preámbulo de la ley "dotar de instrumentos efectivos para asegurar la funcionalidad, la seguridad, la accesibilidad universal y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que la habitan".

La ley de la vivienda tiene que mirar al ámbito de la discapacidad

Claro, que la accesibilidad universal sale presente en diferentes puntos de la nueva Ley de Vivienda, pues contempla como infravivienda "aquella que no cumpla con los requisitos mínimos de accesibilidad universal y habitabilidad exigibles a la edificación.

"Es una oportunidad perdida para la discapacidad porque la ley solo hace menciones genéricas de la accesibilidad, pero cuando descienden a la realidad no hay nada tangible para una parte de la población", se queja Óscar Moral, asesor jurídico de Cermi. "Se puede mencionar la accesibilidad universal pero es como decir nada cuando no se desciende a la realidad de cómo actuar".

Cermi ve una clara falta de consideración hacia la accesibilidad, por lo que el derecho a una vivienda digna y adecuada que defiende nuestra Constitución, queda totalmente vacío en este aspecto.

Por ello reclaman y muestran un descontento, porque la Ley ha omitido una reivindicación de carácter histórico, con más de 20 años de lucha por la igualdad con la discapacidad y la accesibilidad en elementos comunes de los inmuebles.

“Hasta que no se modifique la Ley de Propiedad Horizontal, la accesibilidad no estará resuelta. Pueden instar obras de accesibilidad en los elementos comunes siempre que dicha obra esté por debajo de doce mensualidades de derrama ordinaria de mensualidad. En ese caso la obra de accesibilidad es obligatoria, pero si no se somete a criterio de la comunidad de vecinos, que decide si la hace o no. La persona con discapacidad tiene todas sus obligaciones con la comunidad de vecinos pero no sus derechos porque no puede salir de su vivienda. Esa es la realidad de muchas personas”, detallan desde Cermi.

Los datos actualizados del Cermi, dejan ver como el 70 % de las viviendas o inmuebles españoles de propiedad horizontal, son inaccesibles, dejando así a más de cien mil personas con discapacidad y mayores.

“A estas personas que no pueden salir de sus domicilios no se les ha dado ninguna solución. La nueva ley podría haberlo hecho, pero lo ha obviado completamente dejándonos igual que antes. De haberlo hecho habría permitido un cambio trascendental en esta materia”, se queja Óscar Moral.

Ayudas para las comunidades de vecinos que aprueban las reformas de accesibilidad pero que no tienen medios para llevarlas a cabo

Cermi no culpa a las comunidades de vecinos, pues cada situación económica es diferente, y muchas no pueden afrontar los gastos de las obras de accesibilidad en zonas comunes.

Es por ello que la asociación pide ayudas, por lo que abogan para que la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal establezcan como obligatorias y con cargo a la comunidad las obras y actuaciones de accesibilidad donde habiten personas con discapacidad y mayores de 70 años.

Otro tema es la realización de obras de adaptación en la vivienda particular de la persona mayor o con discapacidad. “Esto suelen ser competencias autonómicas y municipales. En cada lugar se ofrecen distintos tipos de ayuda para la adaptación. En el Ayuntamiento Madrid, por ejemplo, esté el Plan Adapta, que está funcionando muy bien”, cuenta Óscar, que comparte que este tipo de planes se regulasen en diferentes municipios y autonomías españolas.

Desde Cermi solo reclaman el derecho a poder salir y entrar de su vivienda como el resto de ciudadanos, otorgándole sus derechos como tal, y no dejándoles totalmente al lado.

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