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La organización Impulsa Igualdad, una confederación que defiende los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica, ha convocado una concentración frente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en Madrid con el objetivo de reclamar el derecho a viviendas accesibles.
La movilización se celebrará el jueves 29 de mayo a las 12:30 horas bajo el lema “Accesibilidad denegada. Con la vivienda no se juega”. Entre sus principales reivindicaciones se encuentra la aprobación de la nueva versión del artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), actualmente en proceso de debate parlamentario, en la que se reclama la promoción de viviendas accesibles.
Impulsa Igualdad denuncia la falta de viviendas accesibles
Desde Impulsa Igualdad critican que la normativa vigente, que supedita las reformas de accesibilidad al acuerdo vecinal y a estrictas limitaciones económicas, no garantiza de forma efectiva el derecho a la accesibilidad universal. "Hoy en día, miles de personas con discapacidad o mayores de 70 años siguen encerradas en sus hogares, sin poder salir, porque sus comunidades se niegan a realizar obras necesarias como la instalación de ascensores, rampas o plataformas elevadoras", denunció la entidad.
La modificación legislativa incluida en el anteproyecto de reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad representa, según la confederación, "un cambio estructural que acabaría con las desigualdades territoriales en materia de accesibilidad en España". Esta propuesta contempla también la reforma de la LPH para garantizar viviendas accesibles dignas y adaptadas. Entre las mejoras que destaca Impulsa Igualdad se encuentran: la obligación legal de realizar obras cuando existan subvenciones suficientes, sin necesidad de votación vecinal; la supresión del límite de doce mensualidades como tope de gasto; el reconocimiento del derecho a acudir a los tribunales ante la pasividad de las comunidades; y la creación de fondos públicos que aseguren estas actuaciones en todo el país.
Por todo ello, la confederación denuncia que "el actual estancamiento en el Parlamento impide la aprobación de esta reforma, a pesar del respaldo del movimiento asociativo, de organismos internacionales y de los principios constitucionales recientemente actualizados". La aprobación definitiva, subrayan, depende del compromiso político, que aún no se ha materializado.
Sin nuevas viviendas de fácil acceso
Por otro lado, la organización también lamenta que las normas actuales para construir viviendas nuevas que solo han permitido la construcción del 20 % de las viviendas existentes "solo exigen accesibilidad en las áreas comunes de los edificios, como entradas, ascensores o garajes". Sin embargo, "no asegura que las viviendas en su interior sean accesibles para personas con movilidad reducida, excepto en las viviendas protegidas, que en la práctica son muy pocas".
Impulsa Igualdad se queja de que "la falta de requisitos legales ha causado una oferta casi inexistente de viviendas accesibles, tanto en venta como en alquiler". Una persona con discapacidad que necesita un hogar adaptado (con pasillos amplios, baños accesibles, cocinas sin obstáculos o puertas adecuadas) se ve obligada a hacer reformas completas después de comprar o alquilar una vivienda, lo que suele ser demasiado caro para la mayoría de las personas.
"El resultado es una exclusión silenciosa del mercado de viviendas accesibles, sin poder elegir libremente dónde y cómo vivir. Esta falta de accesibilidad viola el principio de igualdad de oportunidades y resalta la necesidad urgente de actualizar las normas de construcción, incorporando la accesibilidad universal como un requisito básico y obligatorio en todas las nuevas viviendas, sin importar si son de protección oficial o no", señala la organización.
Interior de las viviendas
Hoy en día, miles de personas no pueden vivir de forma independiente debido a las barreras físicas que dificultan su movilidad dentro de sus propias casas. Las cocinas, baños, pasillos, dormitorios o sistemas de control doméstico tienen obstáculos que impiden la autonomía personal. En España, no existe un sistema nacional de ayudas para hacer reformas de accesibilidad en el interior de las viviendas, lo que provoca una gran discriminación económica.
Impulsa Igualdad pide la creación de un programa nacional de rehabilitación accesible que incluya ayudas económicas para adaptar viviendas particulares con criterios de accesibilidad universal, asistencia técnica gratuita o subvencionada para evaluar y planificar las reformas necesarias, y que la accesibilidad sea un criterio obligatorio en todas las promociones de vivienda pública.
"No es un problema aislado, sino una exclusión estructural y normalizada que vulnera el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. La falta de accesibilidad en las viviendas impide disfrutar de otros derechos fundamentales como la participación social, la vida independiente y la igualdad de oportunidades. Es esencial asegurar la existencia de viviendas accesibles para todas las personas", concluye Impulsa Igualdad, que considera urgente cambiar esta situación a través de reformas legislativas ambiciosas y programas públicos de rehabilitación que aseguren que nadie se quede atrapado en su propia casa.
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