Familiares y afectados critican que la integración de discapacidad y dependencia ha dificultado el acceso a ayudas

La Asociación Galega critica el nuevo sistema de la Xunta que une las valoraciones de discapacidad y dependencia. Así, denuncian que reduce la calidad del proceso al eliminar valoraciones presenciales, lo que impide detectar bien las necesidades reales. Piden su retirada y más personal en los servicios públicos.

Críticas al nuevo procedimiento de la Xunta sobre dependencia y discapacidad

La Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade ha mostrado su firme rechazo al nuevo procedimiento puesto en marcha por la Xunta de Galicia, que unifica en un solo trámite las valoraciones de discapacidad y dependencia. La entidad considera que esta medida no solo no mejora el sistema, sino que lo empeora notablemente, comprometiendo la calidad del servicio y los derechos de las personas afectadas.

Uno de los principales motivos de preocupación señalados por la asociación es la reducción de valoraciones presenciales, además de la dependencia. Según denuncian, ya no es obligatorio que todas las personas sean evaluadas en persona, lo que impide detectar correctamente muchas situaciones, especialmente los problemas de movilidad o la necesidad de ayuda diaria.

A esto se suma la eliminación del informe de condiciones de salud, otro elemento fundamental para conocer el estado real de la persona valorada.

La asociación reclama seguridad y mejoría en el sistema

Desde la asociación afirman que esta forma de proceder genera inseguridad jurídica, ya que contradice la normativa estatal que exige garantías en los procesos de valoración. En este contexto, se alerta de una posible vulneración de derechos, al no contemplarse de forma rigurosa las condiciones específicas de cada persona.

Margarita Prieto y Francisco Vázquez, portavoces de la entidad, han sido muy críticos con la intención real de la Xunta. Asimismo, aseguran que este nuevo modelo no busca mejorar el sistema, sino maquillar la mala gestión de las listas de espera, dando una apariencia de agilidad administrativa que, en realidad, encubre recortes y pérdida de calidad. “Más que simplificado, este procedimiento debería llamarse simplista”, subrayan.

Riesgos de privatización y pérdida de atención prioritaria

La idea de unificar discapacidad y dependencia, según explican, conlleva numerosos riesgos. Uno de ellos es que se confundan situaciones muy diferentes. No todas las personas con discapacidad son dependientes, ni todas las personas dependientes tienen una discapacidad reconocida. Mezclar ambas realidades puede provocar errores y decisiones injustas.

Además, ante la sobrecarga de trabajo que supone este modelo, se teme que los servicios públicos no puedan responder adecuadamente, lo que favorecería la externalización y la entrada de entidades privadas o mutuas, debilitando aún más el sistema público.

También denuncian que el nuevo procedimiento elimina la prioridad para menores de entre 4 y 18 años, un grupo especialmente vulnerable. A esto se suma el hecho de que las personas en edad laboral también pierden peso en el orden de atención, ya que se da prioridad a los mayores.

Exigen la retirada del procedimiento

Ante este panorama, la asociación exige la retirada inmediata del nuevo procedimiento. Solo aceptan mantener los criterios de gravedad para priorizar casos urgentes, ya que es la única parte que consideran ajustada a la ley.

Como solución real, insisten en que la única manera de mejorar la atención a personas con dependencia y discapacidad es reforzar los equipos públicos con más personal, medios y recursos.