Se recomienda a las comercializadoras revisar a fondo sus sitios web, documentación precontractual y contratos, prestando especial atención al cumplimiento de las obligaciones lingüísticas y de transparencia en la visualización de precios.
La Junta de Castilla y León destina siete millones de euros para que los municipios contraten a más de mil personas con discapacidad en situación de desempleo.