La Ley Celaá potencia la enseñanza pública, limita las repeticiones, reequilibra las competencias entre el Gobierno y las comunidades y elimina al castellano la condición de lengua vehicular.
Esta es la primera edición de una formación en la que están participando 18 personas con discapacidad intelectual que recibirán información y estrategias encaminadas a conseguir empleo e integrarse en la sociedad.
Las universidades deberán disponer de una oferta académica mínima de diez títulos oficiales de grado, seis títulos oficiales de máster y tres programas oficiales de doctorado.