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Bruselas, 8 oct (EFE).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea emitió hoy una opinión en la que pide un papel más relevante en la auditoría del Mecanismo Europeo de Estabilidad - el fondo de rescate europeo-, en particular una vez que se refuercen sus competencias en futuros programas de asistencia.
Los Estados de la Unión Europea preparan una reforma del fondo de rescate europeo para darle más poder en la vigilancia económica y el diseño de futuros rescates, pero manteniendo de momento su estructura intergubernamental por la que las decisiones dependen de los países, que ponen el dinero para rescatar a sus socios.
La Comisión Europea apoya la reforma, pero en la propuesta que formuló en diciembre de 2017 para convertir el MEDE en una especie de Fondo Monetario Europeo aboga por que este se convierta a la larga en una institución comunitaria, incluida en los tratados europeos y sometida al control del Parlamento Europeo.
En el dictámen emitido hoy, los auditores europeos valoran que la Comisión proponga incluir el fondo en los tratados comunitarios, pero consideran que para conseguir un "marco sólido de rendición de cuentas" debe explicitarse el papel del Tribunal de Cuentas como auditor externo del mismo.
Además, para evitar duplicidades, piden que se deje claro que la labor del comité de auditores del propio fondo y de otros auditores privados es complementaria a la del Tribunal, así como que se le garantice acceso a los documentos de trabajo de los mismos para que pueda revisarlo.
Asimismo, insisten en que el futuro control por parte de la Eurocámara debe basarse en su auditoría externa.
Por otra parte, el Tribunal identificó "una serie de dificultades fundamentales" en el marco de auditoría y rendición de cuentas del MEDE en su forma actual, que depende de un comité formado por cinco auditores.
El Tribunal de Cuentas considera que su mandato, de tres años, es demasiado corto, y que la información que facilitan sobre sus auditorías es "muy limitada".
El Tribunal destaca que actualmente no tiene derechos de auditoría sobre el MEDE, cuyo funcionamiento depende en un tratado entre Estados miembros, pero aboga por que les otorguen competencias.
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