Esta disparidad de género pone en riesgo considerable la consecución de Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que, en su ODS 4 vela por garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales apoya la norma porque "establece garantías jurídicas para salvaguardar las vulnerabilidades del colectivo trans".
