España necesita más de 50.000 plazas residenciales para atender la demanda actual de personas con dependencia severa y gran dependencia, y cerca de 100.000 para alcanzar la ratio recomendada.
España cuenta con un marco legal específico para abordar esta realidad: la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, conocida popularmente como Ley de la Dependencia.
El Tribunal Supremo dicta una sentencia en la que establece que los herederos de una persona dependiente tienen derecho a solicitar la conclusión del expediente del Programa Individual de Atención (PIA) después de su fallecimiento, incluso si este no fue aprobado antes de morir.
El gobierno considera la posibilidad de permitir que las personas que cuidan de familiares con gran dependencia y trabajan puedan acceder a la jubilación anticipada, aunque su trabajo formal no sea considerado penoso o peligroso.
