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Los dos grandes sindicatos del país, UGT y Comisiones Obreras (CCOO), han elevado significativamente la apuesta en el diálogo social, proponiendo al Ministerio de Trabajo una ambiciosa subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La cifra que llevarán a la mesa de negociación es un incremento del 7,5 %, lo que supondría elevar esta renta mínima hasta los 1.273 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas para una jornada completa.
Esta propuesta representa un alza del salario mínimo de 89 euros mensuales en comparación con los 1.184 euros que se perciben actualmente. En cómputo anual, la retribución más baja que se puede pagar por ley alcanzaría los 17.822 euros brutos, lo que implica 1.256 euros más que la referencia actual.
Un salario mínimo "blindado" ante el IRPF
Los negociadores de ambas organizaciones sindicales detallaron su posición este martes en una rueda de prensa conjunta. La propuesta del 7,5 % surge, en gran medida, como una medida de "blindaje" ante la posibilidad de que el SMI comience a tributar a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) el próximo año.
En un principio, los sindicatos habían barajado un incremento más moderado del 2,7 % (hasta los 1.216 euros al mes), una cifra que veían suficiente para alcanzar el 60 % del salario medio del país, tal como recomienda la Carta Social Europea. Sin embargo, la perspectiva de que la Hacienda pueda presionar de nuevo para que el SMI pague IRPF en 2026 ha modificado la estrategia.
La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contempla este escenario de tributación. Díaz ha encomendado al comité de expertos que asesora al ministerio que tenga en cuenta esta posibilidad a la hora de calcular el incremento final del salario mínimo.
Guerra abierta a la "compensación y absorción"
Además del incremento de la cuantía, las organizaciones sindicales han puesto otra condición ineludible sobre la mesa. Exigirán a Trabajo que modifique el real decreto con el que se fija el SMI para que las empresas no puedan descontar las subidas de los complementos salariales que ya perciben los trabajadores.
Este fenómeno, conocido en el argot laboral como "compensación y absorción", implica que cuando se produce una subida del sueldo mínimo, a los trabajadores cuyo salario base es inferior al SMI se les resta la cuantía del alza de sus complementos (como pluses voluntarios o personales). De esta manera, el incremento legal es absorbido, y el salario final del trabajador no varía, aunque se reduzca la cuantía de dichos complementos.
Para los sindicatos, suprimir este mecanismo es crucial para estampar su firma en un eventual acuerdo. Sin embargo, este punto se enfrenta a dudas jurídicas, ya que la compensación y absorción viene recogida en el Estatuto de los Trabajadores, y su supresión a través de una norma con un rango inferior al de ley podría ser complicada. De hecho, la patronal CEOE ya ha avisado de que llevará a los tribunales cualquier intento de impedir que la subida del salario mínimo no se pueda absorber.
Tiempos y posturas en la negociación
La propuesta sindical se adelanta a la de Trabajo, ya que Yolanda Díaz todavía no ha desvelado la cifra con la que el Gobierno acudirá a la negociación. El comité de expertos, convocado por la vicepresidenta, todavía no ha presentado sus conclusiones, aunque Díaz ya ha deslizado que la subida deberá superar la inflación (que rondará el 2,6 % en 2025) y, además, debe tener en cuenta una eventual tributación del salario mínimo en el cálculo.
Por el lado de la patronal, aunque su posicionamiento formal se desconoce, en procesos anteriores ha optado por cifras conservadoras. En enero de este año, CEOE propuso subir el SMI un 3 %, un planteamiento que fue rechazado por Trabajo por considerarlo insuficiente.
Los tiempos que se manejan en este proceso hacen pensar que la aprobación de la subida del salario mínimo, que es competencia exclusiva del Gobierno y no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, se demorará hasta el próximo año. Una vez que se conozcan las deliberaciones de los expertos de Trabajo, el ministerio empezará oficialmente las negociaciones con los agentes sociales.
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