Dado que las personas con discapacidad son más vulnerables y están en un mayor riesgo de exclusión y pobreza, se trata de un recurso más al que puede recurrir en caso de no cumplir los requisitos para cobrar una pensión por incapacidad o no contributiva por discapacidad.
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En España, el 60 % de los hogares enfrenta problemas de vivienda, y uno de cada tres está en exclusión residencial, según un informe del Ministerio de Derechos Sociales.