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Plena inclusión España alerta de que la Atención Temprana aún no es un derecho garantizado para todas las familias. Reclama igualdad, acceso universal y apoyos reales para los niños y niñas con discapacidad del desarrollo.
La Atención Temprana, un derecho aún sin garantizar
Plena inclusión España insiste en la necesidad urgente de avanzar en la consolidación de la Atención Temprana como un derecho real para todos los niños y niñas, especialmente aquellos con discapacidad intelectual o del desarrollo. A pesar de los avances legislativos recientes, este servicio esencial aún no está garantizado de forma universal, gratuita y equitativa en todo el país.
En los últimos años, se han dado pasos positivos, como la publicación de la Hoja de Ruta para la mejora de la Atención Temprana (2023) y el plan de despliegue presentado en 2025. Sin embargo, desde la Confederación se señala que estas medidas aún no se han traducido en cambios reales para muchas familias. La falta de coordinación entre administraciones, los recursos limitados y las diferencias entre territorios siguen siendo grandes obstáculos.
Desigualdad territorial y barreras burocráticas
Actualmente, el acceso a la Atención Temprana depende en gran medida de la comunidad autónoma en la que viva la familia, e incluso del entorno urbano o rural. Esto provoca una gran desigualdad. A estas dificultades se suman problemas como las largas listas de espera, la escasa información y los trámites administrativos complejos, que dificultan aún más el acceso, sobre todo en casos de especial vulnerabilidad.
Las familias con pocos recursos económicos, las monoparentales o aquellas que atraviesan situaciones de violencia o migración son las que encuentran más barreras. Justamente, son quienes más necesitan estos apoyos.
Un modelo que necesita transformación
Plena inclusión España cuenta con más de 300 servicios federados y más de 2.000 profesionales dedicados a la Atención Temprana. Desde su experiencia, defienden un cambio profundo del modelo actual. Este debe basarse en la evidencia científica, la participación de las familias y una mayor coordinación entre los servicios sociales, educativos y sanitarios.
Para que este cambio sea efectivo, es necesario que se garantice una financiación suficiente, que se homogenicen los criterios de acceso y calidad entre comunidades, y que se apoye adecuadamente a los centros en su evolución hacia un modelo centrado en las personas.
Objetivos claros para un derecho esencial
El objetivo principal es que cada niño o niña de 0 a 6 años con discapacidad, y sus familias, reciban los apoyos necesarios para desarrollar su proyecto de vida. Esto implica prevenir riesgos en su desarrollo, garantizar entornos que favorezcan el aprendizaje y asegurar el bienestar de toda la familia.
Desde Plena inclusión también se destaca la necesidad de formar y reconocer al personal profesional, mejorar sus condiciones laborales y asegurar la sostenibilidad de los servicios.
Todas estas propuestas serán presentadas en la jornada ‘Atención Temprana: Un consenso de país’, organizada por el Ministerio de Derechos Sociales. En ella participarán representantes de distintas administraciones públicas, con la esperanza de avanzar juntos hacia un sistema que garantice el derecho a la atención en igualdad de condiciones para todas las familias, vivan donde vivan.
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