El Defensor del Pueblo defiende la autonomía universitaria frente al intervencionismo político

En su última intervención pública, el Defensor del Pueblo ha subrayado la importancia de preservar la autonomía universitaria de las universidades públicas como un pilar fundamental de la democracia y la calidad educativa. Frente a lo que ha calificado como “tendencias intervencionistas”, ha instado a respetar la independencia institucional de estos centros, tanto desde el poder político como desde otros organismos externos.

La autonomía universitaria, recogida en la Constitución española, garantiza la libertad de cátedra, de investigación y de gestión interna. Según el Defensor, estas libertades están en riesgo cuando se intentan imponer decisiones desde fuera que afectan a la gobernanza, la financiación o los contenidos académicos.

El Defensor del Pueblo defiende la autonomía de la universidad pública

El Defensor también reclamó “un entorno favorable” y una “estrategia” para las Universidades. ”Hay que vincular conocimiento con la iniciativa social e institucional y hace falta coordinación”, además de una “colaboración” con la empresa (que distinguió entre públicas y privadas), los agentes sociales y las ONG.

Gabilondo también apuntó que “hay que legislar menos y respetar la autonomía universitaria”, aunque en su opinión “el modelo de profesor universitario sigue siendo una asignatura pendiente”.

Todo ello, concluyó, para que estas instituciones sean “universidades serias, con libertad, flexibilidad”, “comparables, pero no idénticas”.

Autonomía universitaria: clave para una educación libre y de calidad

La autonomía universitaria no es un privilegio, sino una herramienta esencial para que las universidades puedan desarrollar sus funciones académicas sin presiones externas. Este principio permite que los centros decidan sus planes de estudio, seleccionen su personal docente e investigador y gestionen su presupuesto con responsabilidad.

Para el Defensor del Pueblo, una universidad dependiente de decisiones políticas pierde su capacidad crítica y científica, y puede convertirse en una extensión ideológica del poder. Además, recuerda que la autonomía universitaria garantiza una educación plural, inclusiva y adaptada a las necesidades de la sociedad.

La calidad de una universidad no solo se mide por sus rankings o resultados, sino también por su capacidad para formar ciudadanos libres, críticos y preparados para afrontar los desafíos de un mundo cambiante.

Riesgos del intervencionismo y el papel del Estado

El Defensor del Pueblo advierte que ciertas medidas legislativas, restricciones presupuestarias o controles administrativos excesivos pueden suponer un retroceso en la independencia universitaria. Aunque el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso y la equidad en la educación superior, no debe imponer condiciones que limiten la autonomía universitaria quebrando así la libertad académica.

Además, subraya que la gobernanza universitaria debe fortalecerse desde dentro, promoviendo la participación de estudiantes, docentes y personal de administración. Las universidades deben rendir cuentas, sí, pero también necesitan margen de maniobra para innovar y adaptarse.

Por ello, hace un llamamiento a los poderes públicos para que respeten y refuercen este modelo de autogobierno, como base de una universidad moderna, libre y comprometida con el conocimiento.