La UE busca reducir la dependencia de los clientes europeos de las transferencias tradicionales, acordando obligar a las entidades financieras a ofrecer pagos instantáneos similares a los proporcionados por Bizum.
La ley reconoce por fin la recuperación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, lo que ha llevado a que los bancos, a falta de la información adecuada, bloqueen las cuentas de estas personas.