La Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación) más conocida como Ley Celaá va camino de convertirse en la octava ley educativa de la democracia.
El Gobierno aprobó en mayo un proyecto de ley que ha experimentado importantes cambios en las últimas semanas por la vía de las enmiendas.
El único camino del Gobierno para aprobar esta ley pensaron con mayoría absoluta (176 de los 350 escaños) pasaba por alcanzar una alianza con los partidos nacionalistas.
Las medidas de la Ley Celaá suponen una mayor descentralización
Entre las decisiones más polémicas se enmarca el gesto de apoyo al modelo de inmersión lingüística en Cataluña plasmado en la eliminación de la mención del castellano como lengua vehicular y un mayor control de la educación concertada.
Estas son las principales medidas que recoge el texto de la ley aprobado en el Congreso y que pasa ahora al Senado:
Contra la segregación escolar
La Ley Celaá incluye una serie de medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada, que ahora se matricula de forma desproporcionada en la primera.
En la educación pública estudian nueve de cada 10 niños de los hogares con menor renta. Las comunidades deberán establecer “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado en cada uno de los centros públicos y privados concertados”.
El criterio principal para adjudicar una plaza en un centro será la cercanía al domicilio y, casi al mismo nivel, la renta familiar.
¿Qué es la 'matrícula viva'? Todos los centros estarán obligados a aceptar un porcentaje de la llamada matrícula viva: la de alumnos, normalmente hijos de inmigrantes, que llegan tras la finalización del periodo de admisión ordinario o con el curso ya empezado y suelen acabar mayoritariamente en centros públicos.
Además, los Ayuntamientos no podrán ceder suelo para construir centros educativos que no sean públicos.
Solo se puede repetir de curso una vez en Primaria y dos veces en la ESO
En España ha repetido en torno al 31 % de los alumnos de 15 años, casi el doble que en el resto de países desarrollados. El hecho de que el porcentaje de quienes no consiguen el título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) alcance al 25 % refleja, además, la escasa eficacia de la repetición para mejorar la trayectoria educativa del alumnado.
Solo en la ESO la repetición de curso tiene un coste de 3.340 millones de euros al año, según cálculos del Ministerio de Educación.
La nueva Ley Celaá prevé que solo se pueda repetir una vez en Primaria y dos como mucho en toda la enseñanza obligatoria. Si un alumno debe repetir lo decidirá el equipo docente sobre la base de qué será más favorable su evolución académica sin que dependa directamente de haber suspendido más de dos asignaturas.
El título de bachillerato también podrá obtenerse “excepcionalmente” con un suspenso si los profesores creen que ha alcanzado los objetivos de la etapa.
Las comunidades tienen más competencias y participación
El Ministerio de Educación fijará el 50 % del currículo en las comunidades con lengua cooficial y el 60 % (en vez del 65 %) en las que no la tienen.
La ley también prevé que los centros educativos fijen parte del mismo en una proporción que deben determinar las autonomías.
El castellano deja de ser lengua vehicular
En la nueva ley el castellano deja de ser lengua vehicular, una expresión que introdujo el PP en la norma que aprobó en 2013, que también figuraba en el proyecto de ley aprobado por el Gobierno y fue suprimida a través de una enmienda pactada por los socialistas, Podemos y ERC.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional y el Supremo ya han resuelto que el castellano debe ser lengua vehicular y utilizarse en al menos un 25 % del horario lectivo en Cataluña. A pesar de ello la Generalitat solo ha aplicado las sentencias en unas decenas de casos y después de que las familias recurriesen de forma individual a los tribunales.
Evaluaciones diagnósticas
La ley cambia el modelo de reválidas implantado por el PP por cuatro pruebas diagnósticas. En cuarto de Primaria y segundo de la ESO todos los alumnos harán unos exámenes para evaluar sus competencias, que los centros deberán utilizar para aplicar planes de “mejora” y “equidad”.
En sexto de Primaria y cuarto de secundaria también se realizarán pruebas, aunque en este caso solo con una muestra de alumnos y cada varios años, que en este caso servirán como “evaluación general del sistema educativo” a imagen de los exámenes de PISA.
Cuatro tipos de bachillerato y ciclos en Primaria
A las tres modalidades actuales de bachillerato, que son los de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias (que ahora se llamará Ciencias y Tecnología) y Artes, se sumará una cuarta, llamada General.
Esta nueva rama contendrá aspectos tanto de ciencias como de la de letras, y está pensada para aquellos alumnos que al acabar la ESO no se han decidido por una u otra vía.
La etapa de Primaria volverá a estar agrupada en ciclos de dos cursos, reduciendo su compartimentación.
Se agruparán asignaturas por ámbitos de conocimiento
La ley propone impartir conjuntamente, por ejemplo, Matemáticas, Biología y Geología y Tecnología.
Igualdad de género
La Ley Celaá hace hincapié en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, uno de los elementos transversales en todas las áreas de conocimiento.
Las comunidades deberán impulsar la presencia de mujeres en las ramas formativas con menor presencia femenina y la masculina en aquellas con escaso número de hombres. Los colegios que segreguen por sexos no podrán ser concertados.
Escuelas sostenibles
Para promover "la cultura de la sostenibilidad ambiental” y contribuir a frenar el cambio climático, las comunidades deberán reducir el impacto ecológico de los centros educativos, en coordinación con las instituciones y organizaciones de su entorno.
También deberán crear “caminos escolares seguros”, como los que han ido poniendo en marcha distintos Ayuntamientos, como Barcelona o Valencia, para ir a clase a pie, y “promover los desplazamientos sostenibles” al colegio.
Educación especial
La ley sienta las bases para una progresiva transición desde un modelo con dos redes educativas paralelas, una ordinaria y otra especial, a la que asisten unos 35.000 alumnos con discapacidad, que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha calificado de segregador, a otro que integre más ambas, un cambio que ha generado mucha polémica.
Religión
La asignatura de Religión será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota media del expediente y de tener una materia alternativa que deban cursar quienes no la elijan.
Asignatura de valores cívicos
En uno de los cursos del último ciclo de Primaria (quinto o sexto) y en otro de secundaria se estudiará la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, centrada especialmente en los Derechos Humanos y de la Infancia, los recogidos en la Constitución española, la igualdad de género, la cultura de la paz, la función social de los impuestos y “el respeto por el entorno y los animales”, entre otros elementos.
Planes para futuras pandemias
El cierre de los centros escolares en marzo demostró que que el sistema no estaba preparado para dar el salto a una modalidad a distancia. El ministerio y las comunidades “definirán un plan de contingencia para dar continuidad a la actividad educativa de modo que garantice el derecho a la educación del alumnado en cualquier circunstancia”.
Educación infantil
En un año el Ejecutivo deberá presentar un plan a ocho años vista para ampliar de forma “suficiente y asequible” la oferta pública de plazas de cero a tres años, procurando su gratuidad y "priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza”.
El Gobierno espera que el Senado ratifique la ley antes de fin de año para que la Lomloe, conocida como Ley Celaá, esté en vigor para el próximo proceso de escolarización, que suele empezar en marzo.