Solo el 8 % de la población bajo el umbral de la pobreza, en total 697.124 personas, se ha beneficiado las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades.
Los gobiernos autonómicos acuden al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en busca de que el Gobierno salde su deuda de 2.500 millones de euros.