Más de mil resoluciones del Consejo de Transparencia siguen sin cumplir desde 2016

La transparencia es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta una democracia avanzada. No es un capricho, sino el derecho de la ciudadanía a saber cómo se gestiona su dinero, qué decisiones toman sus representantes y con qué criterios lo hacen. Sin embargo, los datos en España revelan una realidad preocupante: este derecho a menudo se queda en una mera declaración de intenciones. Desde su creación en 2014, más de un millar de resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) han sido ignoradas por las propias administraciones, un hecho que pone en entredicho no solo la efectividad del organismo, sino la voluntad real del poder político de someterse al escrutinio público.

Este "agujero negro" de incumplimientos convierte la Ley de Transparencia de 2013 en un castillo de naipes. Cuando un ciudadano, un periodista o una organización cívica ve vulnerado su derecho a la información, el Consejo es su último recurso. Pero si la palabra del árbitro no se respeta, todo el sistema se desmorona.

El árbitro sin silbato: así funciona y así falla el sistema

Para entender la magnitud del problema, es crucial conocer el papel del Consejo de Transparencia. Cuando un ciudadano solicita información pública (desde los gastos de un viaje oficial hasta los informes que sustentan una ley) y la administración se la deniega o simplemente no contesta, puede presentar una reclamación ante este órgano, teóricamente independiente. En la mayoría de los casos, el Consejo da la razón al ciudadano y emite una resolución obligando a la administración a entregar la información.

Y aquí es donde el sistema se rompe. Si la administración requerida decide, simplemente, ignorar la resolución y no entregar los documentos, el Consejo de Transparencia carece de capacidad sancionadora directa. No puede multar al responsable ni forzar la ejecución de su propio dictamen. Su única vía es poner el incumplimiento en conocimiento de sus superiores jerárquicos o, en última instancia, llevar el caso a los tribunales, un proceso lento y costoso que alarga la opacidad durante años. En la práctica, el Consejo de Transparencia es un árbitro con autoridad moral, pero sin el poder coercitivo de un silbato que detenga el juego sucio.

Las excusas de la opacidad, ¿por qué no se cumple la ley?

Los motivos que llevan a las administraciones a ignorar las resoluciones son variados, pero casi siempre se pueden agrupar en tres grandes categorías.

• Voluntad política y miedo al escrutinio: Esta es la causa principal. Muchas veces, la información solicitada es sensible, ya sea porque revela una gestión ineficiente de los recursos, porque expone decisiones controvertidas o porque podría ser la antesala de un escándalo de corrupción. En estos casos, la opacidad es una estrategia deliberada para evitar la rendición de cuentas.
• Cultura burocrática y falta de recursos: En otros casos, el incumplimiento no es tanto malintencionado como fruto de la inercia y la precariedad. Muchas administraciones, especialmente a nivel local, carecen de personal especializado y formado en materia de transparencia. El funcionariado, a menudo desbordado, no ve el derecho de acceso a la información como una prioridad, sino como una carga de trabajo adicional.
• Interpretación restrictiva de la ley: Existe una tendencia a interpretar las excepciones de la ley (como la seguridad nacional o la protección de datos) de la forma más amplia posible para denegar el acceso. Aunque el Consejo de Transparencia corrija esta interpretación, la administración se aferra a ella para prolongar el proceso.

El impacto corrosivo en la confianza ciudadana y la calidad democrática

Esta falta de transparencia sistemática tiene consecuencias directas y muy graves. La más importante es la erosión de la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Si la administración no cumple ni siquiera las resoluciones de un organismo independiente creado por ley, se refuerza la percepción de que el poder actúa con arbitrariedad y por encima de las normas, alimentando el cinismo y la desafección política.

Además, se obstaculiza el trabajo de quienes ejercen el control sobre el poder.

• Periodistas de investigación: Ven cómo sus solicitudes para investigar casos de corrupción o mala gestión son bloqueadas, impidiendo que la información de interés público llegue a la sociedad.
• Organizaciones cívicas y ONGs: No pueden acceder a los datos necesarios para evaluar el impacto de las políticas públicas, especialmente en sectores vulnerables que dependen de los servicios sociales.
• Cualquier ciudadano: Se le niega la capacidad de saber, por ejemplo, en qué se invierte el dinero en su barrio o cuáles son los criterios para la concesión de una ayuda pública.

Posibles soluciones: dotar de dientes al guardián de la transparencia

Expertos, periodistas y organizaciones como Civio o Access Info Europe llevan años proponiendo reformas concretas para poner fin a esta situación. La solución pasa, ineludiblemente, por dotar de "dientes" al Consejo de Transparencia.

La principal propuesta es modificar la ley para que el Consejo tenga un régimen sancionador real. Esto implicaría darle la potestad de imponer multas económicas a los responsables públicos que ignoren de forma reiterada sus resoluciones, e incluso la posibilidad de que este incumplimiento pueda acarrear consecuencias disciplinarias, como la inhabilitación para ejercer un cargo público.

Otras medidas incluyen reforzar su independencia, dotarlo de más recursos económicos y humanos, y crear mecanismos que hagan el cumplimiento de sus resoluciones automático. Si España aspira a consolidarse como una democracia avanzada, no puede permitirse que la transparencia sea un derecho de papel. Es hora de garantizar que las resoluciones del Consejo se ejecuten de forma inmediata, obligatoria y sin excusas.