El Banco de España cree que el retraso en pagos del sector público lastra a las empresas

Madrid, 29 nov (EFE).- El Banco de España considera que un "retraso importante" en los pagos de las deudas comerciales por parte de las Administraciones Públicas tendría un elevado efecto sobre la actividad y que, en caso de "no resarcir sus facturas pendientes", podría "poner en peligro la viabilidad de la empresa".

En un documento sobre análisis de la evolución reciente de la deuda comercial de las administraciones públicas españolas, el supervisor considera que una cuantía elevada de deuda comercial, junto con un retraso elevado en el periodo medio de pago, "puede acarrear consecuencias negativas sobre las empresas proveedoras".

Ello es si cabe, añade, más relevante aún en el caso de España, debido a que la mayor parte del tejido empresarial está constituido por pequeñas y medianas empresas, que se enfrentan a mayores dificultades de financiación.

Así, un retraso en el pago por parte de las administraciones públicas puede suponer que la empresa tenga que ajustar su estrategia de producción y retrasar las decisiones de inversión y contratación.

"Si, finalmente, la administración acaba no resarciendo sus facturas pendientes, el impacto podría ser aún más significativo, dependiendo de la estructura y la magnitud de los créditos comerciales, y llegar incluso a poner en peligro su viabilidad", concluye el Banco de España.

Incluso, dice, "el efecto agregado podría verse aumentado si la quiebra de una empresa comportara el cierre de otras dependientes de la misma".

El Banco de España, utilizando datos del Ministerio de Hacienda, asegura que solo la Seguridad Social ha situado su periodo medio de pago a proveedores cerca del plazo legal de pago de 30 días.

La Administración Central, por su parte, alcanzó su plazo máximo en agosto de 2017, con una desviación de cerca de 50 días sobre el límite legal, y lo redujo hasta 17 días en septiembre de 2018.

También las comunidades autónomas han disminuido significativamente sus periodos medios de pago, desde el máximo de noviembre de 2015, con más de 60 días de retraso, hasta solo 9 días de retraso en septiembre de 2018.

Por último, las corporaciones locales, en su conjunto, han sido las únicas que han aumentado sus plazos de pago desde septiembre de 2014, alcanzando su máximo en marzo de 2018, con cerca de 68 días de retraso, si bien en septiembre de este año se habría reducido a unos 33 días.