Comienza la jornada electoral en Filipinas marcada por dos explosiones

Horas antes de la apertura de los centros de votación, dos explosiones, que no causaron víctimas, ha marcado la jornada de elecciones municipales y legislativas este lunes al sur de Filipinas.

Se registran varias explosiones en la localidad de Cotabato

Un artefacto explotó de madrugada en el municipio de Datu Odin Sinsuat, provincia de Maguindanao, mientras que una segunda explosión se produjo sobre las 4:30h (hora local).

Las granadas habrían sido lanzadas a distancia con un lanzagranadas M-79 o un M-203, según ha informado el diario local 'Phil Star'. El general Graciano Mijares, por su parte, ha aseverado que la Policía está investigando el ataque.

El portavoz de las Fuerzas Armadas, Noel Detoyato, señaló que se están analizando los fragmentos para determinar el tipo de explosivo y que se han desplegado tanques en la zona para garantizar la seguridad durante la jornada de votación.

Las explosiones buscaban "sembrar miedo" entre los votantes

El director de la Policía Nacional, Oscar Albayalde, consideró que las explosiones buscaban "sembrar miedo" entre los votantes, pero no causar víctimas.

Según testigos, poco antes de la segunda explosión un grupo de hombres con camisetas en las que se leía "MNLF" (siglas en inglés de los rebeldes del Frente Moro de Liberación Nacional) entró al centro de votación y causó algunos desperfectos menores.

La violencia es habitual durante los procesos electorales en Filipinas

Decenas de candidatos y simpatizantes son asesinados en cada proceso electoral de Filipinas. La corrupción política se convierte en fuente de ingresos en un país con grandes bolsas de pobreza.

Según la Comisión Electoral, durante la campaña y precampaña se han producido 43 "incidentes violentos relacionados con las elecciones", con un saldo de 20 muertos y 24 heridos.

Además, unas 200 personas han sido detenidas por intento de compra de votos, a razón de unos 1.000 pesos (17 euros) de media, aunque en algunos casos por tan solo veinte pesos (40 céntimos de euro), denunció la Comisión.