Cómo se designa al Fiscal General del Estado y quiénes son elegibles

Tras la condena de Álvaro García Ortiz y su inhabilitación, el Gobierno ha iniciado el proceso para elegir a un nuevo Fiscal General del Estado. Con un procedimiento regulado por la Constitución y la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la selección garantiza que el cargo recaiga en un jurista con experiencia y reconocimiento profesional.

Fiscal General del Estado: cómo se elige al nuevo máximo responsable

El Gobierno ha iniciado el proceso para reemplazar a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado, tras su condena a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. La legislación española establece un procedimiento específico para designar al nuevo máximo responsable del Ministerio Público, garantizando criterios de idoneidad y experiencia profesional.

El artículo 124.4 de la Constitución indica que el Fiscal General del Estado es nombrado por el rey a propuesta del Gobierno, tras escuchar el parecer del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es importante destacar que la función del CGPJ es meramente consultiva; su opinión no es vinculante, aunque ofrece un informe sobre la idoneidad del candidato propuesto.

Esto permite que la elección del líder de la Fiscalía sea transparente y sujeta a criterios profesionales y legales, sin quedar condicionada por la opinión del órgano consultivo.

Requisitos para ser candidato

La Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el cargo debe ser ocupado por juristas españoles de reconocido prestigio, con al menos quince años de ejercicio efectivo de la profesión.

No pueden ser propuestos quienes hayan desempeñado cargos de relevancia política en los cinco años anteriores, como ministros, secretarios de Estado, consejeros autonómicos, presidentes de corporaciones locales, diputados, senadores, miembros del Parlamento Europeo o de asambleas autonómicas.

En caso de que el candidato pertenezca a la Carrera Fiscal, pasará a situación de servicios especiales hasta asumir oficialmente el cargo, asegurando que no exista conflicto de intereses y que la transición se realice con normalidad.

Procedimiento de nombramiento

Una vez el Gobierno propone a un candidato, el CGPJ emite su informe no vinculante. Tras recibirlo, el Ejecutivo comunica oficialmente la propuesta al Congreso. La Cámara puede llamar al candidato a comparecer ante la comisión correspondiente, realizando preguntas destinadas a evaluar su trayectoria, méritos y capacidad para ejercer el cargo.

El nombramiento final se formaliza con el juramento o promesa ante el rey, y la toma de posesión se realiza frente al Pleno del Tribunal Supremo. Así, el Fiscal General del Estado asume sus funciones con plena legitimidad y respaldo institucional.

Duración del mandato y causas de cese

El mandato tiene una duración de cuatro años. El titular solo puede cesar antes de tiempo por cinco motivos:

1. A petición propia.
2. Por incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
3. Por incapacidad o enfermedad que le impida ejercer sus funciones.
4. Por incumplimiento grave o reiterado de sus responsabilidades.
5. Cuando cese el Gobierno que lo propuso como candidato al cargo de Fiscal General del Estado.

Este esquema garantiza la estabilidad y autonomía del Ministerio Público, asegurando que el reemplazo de un Fiscal General del Estado se realice de manera ordenada y conforme a la legislación vigente, protegiendo la independencia judicial y la confianza pública.