El Gobierno aprueba un techo de gasto histórico de 216.177 millones

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al límite de gasto no financiero para el ejercicio 2026, comúnmente denominado ‘techo de gasto’, estableciendo una cifra histórica de 216.177 millones de euros. Esta cuantía supone un significativo incremento del 8,5 % respecto al año anterior e incluye una inyección de 4.151 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

Con esta aprobación, el Gobierno central activa formalmente la maquinaria para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026, los cuales han sido calificados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como “expansivos y responsables”. Montero realizó estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde enfatizó la importancia de este paso para la estabilidad y el crecimiento económico del país.

¿Qué es el techo de gasto?

El techo de gasto, cuyo nombre técnico es Límite de Gasto No Financiero, es el importe máximo que el conjunto de las Administraciones Públicas (incluyendo el Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social) puede destinar a gastos en un ejercicio. Este límite no incluye el pago de la deuda ni de sus intereses, y su aprobación es el punto de partida para la elaboración del Presupuesto. Su función principal es asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, déficit y deuda establecidos por el Gobierno en la Senda de Estabilidad.

El impulso de los fondos europeos y la prudencia fiscal

La titular de Hacienda puntualizó que el ejercicio 2026 será el último en el que se incorporen recursos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Estos fondos han sido una “herramienta imprescindible” y “fundamental” para España, apoyando la inversión y la modernización en los últimos años.

Excluyendo la partida europea, el valor del techo de gasto asciende a 212.026 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 8,5 %, un incremento de 16.673 millones de euros respecto a 2025. Montero defendió este incremento como “significativo, pero también prudente, acorde con el cumplimiento de las reglas fiscales y reglas comprometidas”.

Además de la cuantía global, el techo de gasto aprobado incorpora una transferencia de 22.881 millones de euros a la Seguridad Social. Esta dotación, que equivale al 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB), busca cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo en materia de sostenibilidad del sistema de pensiones.

Senda de estabilidad y reducción de déficit

Simultáneamente a la luz verde del techo de gasto, el Consejo de Ministros dio su visto bueno a la nueva senda de estabilidad presupuestaria. Esta senda había sido acordada el día anterior en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque solo con el apoyo de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, mientras que las del Partido Popular la rechazaron.

El nuevo sendero fiscal establece que el conjunto de las administraciones públicas deberá reducir su déficit al 2,1 % en 2026, lo que supone cuatro décimas menos que el previsto para el presente ejercicio. La senda se proyecta hasta el 1,8 % en 2027 y el 1,6 % en 2028.

La ministra Montero destacó que el esfuerzo de reducción del déficit se reparte de forma desigual, recayendo en menor medida en la Administración General del Estado (AGE). El objetivo de déficit de la AGE será del 1,8 % en 2026, cuatro décimas menos que en 2025. “Al final de este periodo, en 2028, la AGE habrá reducido su déficit 8 décimas respecto a 2025”, detalló.

En cuanto a los gobiernos regionales, se fija un objetivo de déficit del 0,1 % para las comunidades autónomas en cada año del periodo 2026-2028. Las entidades locales, por su parte, deberán mantener la estabilidad presupuestaria, es decir, un déficit del 0 %. Finalmente, el objetivo de déficit para la Seguridad Social se sitúa en el 0,2 % para 2026 y 2027, bajando al 0,1 % en 2028.

La fragilidad parlamentaria y el riesgo de rechazo

Tras el espaldarazo del Consejo de Ministros, la senda de estabilidad debe someterse a votación en el Congreso de los Diputados. Ante la fragmentación del arco parlamentario y el rechazo previo de las comunidades del PP en el CPFF, la ministra Montero hizo un llamado a los grupos políticos para que actúen con “altura de miras” y respalden los objetivos fiscales.

Montero advirtió de las consecuencias de un eventual rechazo: “En caso de que se rechace, entrará en vigor lo que fija la Constitución, que es equilibrio presupuestario”. En ese escenario de rechazo a la senda del déficit que acompaña al techo de gasto, la ministra avisó a las comunidades autónomas de que "perderían esta décima de margen y perderían 5.485 millones en el periodo 2026-2028”.

Por último, en el horizonte de la deuda pública, el Gobierno prevé seguir reduciendo el pasivo de España. Las proyecciones sitúan la deuda en el 100,9 % en 2026, el 100 % en 2027 y el 99,1 % en 2028. La regla de gasto se establece en el 3,5 % en 2026, con bajadas posteriores hasta el 3,2 % en 2028.