02/09/2025 - 15:30
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El Ejecutivo central mantiene una posición firme respecto al reparto de los casi 4.000 menores migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en Canarias, Ceuta y Melilla. La decisión ya está tomada: todas las comunidades autónomas deberán asumir la cuota que les corresponde según lo estipulado en la normativa. Y si alguna autonomía se niega a cumplir, habrá consecuencias legales y la intervención de las fuerzas de seguridad.
Torres: “La legislación se va a hacer cumplir”
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fue tajante este miércoles. Según explicó, si alguna comunidad autónoma bloquea el traslado de menores migrantes, “lógicamente tendrán que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.
Torres, que participó activamente en la negociación de la reforma con los grupos parlamentarios, recordó que la ley es clara y que ninguna administración puede colocarse por encima de ella. Además, restó importancia a los recursos de inconstitucionalidad presentados por varias autonomías, asegurando que “no tendrán recorrido” en el Tribunal Constitucional.
El último decreto aprobado el martes ha reavivado la polémica. Diez gobiernos autonómicos del Partido Popular, junto con Castilla-La Mancha, ya habían presentado antes del verano recursos contra esta normativa. Califican el reparto de “ilegal” y “arbitrario”, al considerar que se trata de una imposición del Ejecutivo central.
Según defienden, sus propios sistemas de protección de menores migrantes ya están saturados y no disponen de capacidad suficiente para asumir más tutelas. Sin embargo, desde el Gobierno central se insiste en que la reforma responde a una necesidad de solidaridad entre territorios, especialmente con los que soportan mayor presión migratoria debido a su situación geográfica.
Bolaños: criterios de reparto “objetivos y transparentes”
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reforzó el mensaje de su compañero de gabinete. Recordó que los cálculos sobre cuántos menores migrantes debe acoger cada región no son arbitrarios, sino que se basan en criterios “claros, objetivos y absolutamente transparentes”.
Entre los factores que se tienen en cuenta están la renta, la tasa de desempleo, la dispersión poblacional y el esfuerzo previo realizado por cada comunidad en la acogida.
Además, la normativa fija un mínimo: 32 plazas para menores por cada 100.000 habitantes. Cuando una región triplica esa ratio, se activa el mecanismo que permite trasladar a los niños a otros territorios con menor carga asistencial. “Todas las comunidades tienen que cumplir las mismas reglas”, subrayó Bolaños, apelando también a la solidaridad entre regiones.
La presión en las fronteras
El Ejecutivo insiste en que territorios como Canarias, Melilla, Baleares o Andalucía no pueden seguir soportando en solitario el peso de la llegada de menores migrantes. En muchos de estos lugares, la ratio de plazas disponibles ya se ha desbordado, lo que obliga a reubicar a los adolescentes en otras comunidades.
Para el Gobierno, esta situación no es solo un problema de gestión, sino una cuestión de justicia territorial y de respeto a los derechos de los menores, que tienen derecho a una atención digna y adecuada.
Qué establece la ley
El decreto aprobado en julio ya recogía los mecanismos de actuación en caso de que una comunidad de destino se niegue a recibir a un menor
Según el artículo 6, los responsables del traslado podrán solicitar apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes informarán de la negativa a la Fiscalía y procederán a entregar al menor a la entidad de protección competente en ese territorio.
El texto también deja claro que puede haber “responsabilidades legales” para aquellas administraciones que se nieguen a cumplir con la obligación.
Un desafío político y social
Aunque la normativa está en vigor y los primeros traslados podrían comenzar en las próximas semanas, la tensión política continúa. Las comunidades que rechazan el decreto insisten en que la medida vulnera sus competencias y supone una sobrecarga imposible de asumir.
Por su parte, el Gobierno defiende que la ley es justa, equilibrada y necesaria para garantizar la protección de miles de menores migrantes en situación de vulnerabilidad. En palabras de Torres: “No me cabe en la cabeza que ningún presidente o presidenta vaya a incumplir la ley”.
Sin embargo, si eso ocurriera, el Ejecutivo asegura que tiene preparados todos los mecanismos legales y policiales para garantizar que el decreto se aplique.
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