El veto legal frena las multas más altas en el plan de reducción jornada laboral de Díaz

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, podría ver frustrada su intención de endurecer las multas a las empresas que incumplen la normativa sobre tiempo de trabajo. A pesar de haber advertido que, tras el fracaso de su proyecto de ley sobre la reducción jornada laboral, aprobaría los cambios a través de un real decreto, los expertos legales señalan que esta vía tiene serias limitaciones.

La legislación vigente le impide aumentar unilateralmente las sanciones, una medida que requiere el aval del Congreso de los Diputados, donde su propuesta no cuenta con el respaldo necesario. La imposibilidad de elevar las multas podría reducir el efecto de su propuesta y dejar sin fuerza la lucha contra las horas extra no remuneradas.

Endurecer las reglas sin lograr la reducción jornada laboral

El plan de Díaz para la reducción jornada laboral incluía modificaciones en el registro horario para hacerlo digital e interoperable para la Inspección de Trabajo, así como un aumento significativo de las multas. Su argumento era que, al ser el registro horario un asunto de rango reglamentario, podía modificarlo por real decreto. Sin embargo, este camino solo le permitiría cambiar aspectos técnicos, como la obligatoriedad de un registro digital o el acceso remoto de los inspectores a los datos en tiempo real, lo que impediría a las empresas seguir usando formatos en papel.

La traba principal para la reducción jornada laboral es que las cuantías de las multas están fijadas en una ley, no en un reglamento. Esto significa que para elevarlas de los actuales 7.500 euros a 10.000 euros por cada trabajador afectado, sería imprescindible una nueva ley aprobada por el Congreso. Sin el endurecimiento de las sanciones, el coste de incumplir la normativa seguiría siendo bajo para muchas empresas.

Sindicatos: La clave no es la multa, sino el acceso en tiempo real

Pese a este obstáculo en la propuesta de reducción jornada laboral, los sindicatos se muestran optimistas. Fuentes sindicales consideran que la modificación reglamentaria del registro horario sería suficiente para combatir el fraude. Argumentan que si el registro es digital, infalsificable y accesible en tiempo real para la Inspección y los representantes de los trabajadores, las multas actuales serán suficientes. La visibilidad de las horas no remuneradas permitiría a los trabajadores reclamar su pago, lo que ascendería a más de 3.200 millones de euros al año en horas extraordinarias no pagadas. Este enfoque demuestra que para ellos, la prioridad no es el castigo económico, sino la transparencia y el cumplimiento efectivo.

Un camino lleno de obstáculos

La vía del real decreto no solo enfrenta el problema de las multas, sino también dudas sobre su legalidad. El Consejo Económico y Social (CES) ha advertido que cualquier modificación del registro horario requiere la consulta previa a los agentes sociales, una condición que también se incluye en el proyecto de ley que fracasó. Este requisito subraya que el Gobierno no puede actuar de forma unilateral en un tema de tanta trascendencia.

Además, las patronales CEOE y Cepyme han expresado sus preocupaciones sobre los costos y la viabilidad técnica de un registro digital para las pequeñas empresas. También han cuestionado la propuesta de reducción jornada laboral, considerándola desproporcionada, y han solicitado que se añadan medidas que protejan a las empresas de posibles abusos por parte de los empleados, como la falta de registro. La reducción jornada laboral es un tema que genera un amplio debate, tanto por su impacto económico como por su implementación.