01/06/2025 - 19:00
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El Gobierno destacó que ha alcanzado un importante avance en la lucha contra la corrupción al implementar, total o parcialmente, 24 de las 30 recomendaciones establecidas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, un 80 %, mientras continúa trabajando en las seis restantes.
Según informó el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, España ha comunicado al Greco los progresos realizados en materia de prevención de la corrupción correspondientes a la IV y V ronda de evaluación.
El Ejecutivo explicó que ha logrado cerrar en 2024 la IV ronda de evaluación del Greco, centrada en la prevención de la corrupción entre parlamentarios nacionales, jueces y fiscales, con un balance positivo de diez recomendaciones implementadas de las once propuestas por el organismo europeo.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una exigencia reiterada por el Greco, ha permitido dar por cumplida la única recomendación que quedaba pendiente de esta evaluación, completando así los objetivos de la IV ronda.
El Gobierno destaca avances en transparencia y anticorrupción
Esta cifra representa, según el Ejecutivo, un avance claro en materia de transparencia, integridad y rendición de cuentas en la función pública y el sistema judicial.
Desde el inicio de la legislatura, uno de los compromisos clave del Ejecutivo ha sido reforzar las herramientas institucionales para prevenir y sancionar la corrupción. Las reformas legislativas, las medidas de protección a los denunciantes y la regulación de los lobbies son algunos de los ámbitos en los que se han registrado progresos.
¿Qué medidas se han implementado?
Entre las acciones destacadas, el Gobierno menciona la ley de protección de denunciantes de corrupción, que garantiza el anonimato y la seguridad jurídica de quienes reporten malas prácticas. También se ha avanzado en la transparencia en la elección de altos cargos judiciales, un punto clave señalado por el Greco, así como en la implementación de códigos éticos en distintas administraciones públicas.
Además, se han reforzado los mecanismos de supervisión interna y auditoría, y se han adoptado herramientas tecnológicas para el control de contratos y subvenciones públicas, lo que permite detectar irregularidades de forma más eficiente.
No obstante, el Greco ha subrayado en sus informes que aún queda trabajo por hacer, especialmente en la independencia del Poder Judicial y en la regulación más estricta del lobby político. Aunque el cumplimiento del 80 % es significativo, el 20 % restante incluye medidas estructurales que requieren un amplio consenso político.
¿Qué significa esto para la ciudadanía?
La aplicación de estas recomendaciones no solo responde a compromisos internacionales, sino que tiene un impacto directo en la confianza ciudadana. La percepción de corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles, según diversos barómetros sociales, y mejorar esta percepción requiere resultados tangibles.
El Gobierno insiste en que estas reformas no son solo cosméticas, sino estructurales. Reitera también su voluntad de seguir trabajando con organismos internacionales como el Greco para alcanzar el cumplimiento total de las medidas propuestas.
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