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Bruselas, 16 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha adoptado un nuevo código de buenas prácticas para "racionalizar y acelerar" el control de las ayudas de Estado, que proporciona orientaciones al Ejecutivo comunitario, los Estados miembros, las empresas y otras partes interesadas sobre los procedimientos en esa materia.
Así, la iniciativa busca "mejorar la eficacia, la transparencia y la previsibilidad", afirmó hoy la CE en un comunicado.
En concreto, incluye indicaciones sobre cómo Bruselas estará en contacto con las autoridades de los Estados miembros y ofrecerá orientaciones antes de que las medidas de ayudas de Estado se notifiquen de manera formal.
También aborda cómo las autoridades nacionales pueden implementar medidas que no tienen probabilidades de perjudicar a la competencia, sin advertir a la Comisión, además del modo en que el Ejecutivo de la UE y los Estados miembros trabajarán juntos para facilitar la gestión de los casos sobre las ayudas de Estado, al permitir a los países indicar los asuntos prioritarios para ellos.
Igualmente, informa sobre la red de coordinadores de la Comisión en los países, encargados de los contactos diarios con los Estados miembros para proporcionar "apoyo inmediato" a la hora de tratar "cualquier cuestión".
Precisa el modo en que Bruselas colabora con los países y se procesan casos novedosos, complejos o urgentes, además de cómo la CE puede conseguir información "relevante" directamente de las autoridades públicas o empresas utilizando herramientas de información de mercado.
Del mismo modo, contempla cómo el Ejecutivo comunitario trabaja con los países en la evaluación y el monitoreo de las medidas de ayuda de Estado y cómo Bruselas gestiona las quejas sobre esas ayudas.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, aseguró en un comunicado que el nuevo código garantizará una "mejor y más pronta cooperación" entre los países y la CE.
Bruselas resaltó que las reformas del Ejecutivo comunitario durante los últimos años han permitido a los Estados miembros implementar con rapidez las ayudas de Estado que "promueven la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo", mientras la Comisión se centra en los casos con mayores probabilidades de crear distorsiones en el mercado único.
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