Los países de la UE celebran mañana una reunión clave para el futuro del CO2 y el motor

Bruselas, 8 oct (EFE).- Los ministros de Medioambiente de los países de la Unión Europea (UE) celebran mañana una reunión clave para el futuro entrelazado de la industria automovilística y la lucha contra el cambio climático, en la que intentarán acordar una posición común sobre las emisiones de los vehículos ligeros en la próxima década.

Los Gobiernos de la UE deben decidir qué tasa de recorte de emisiones de CO2 exigen a los fabricantes para los coches y furgonetas que coloquen en el mercado a partir de 2030.

Las capitales parten de una propuesta inicial de la Comisión Europea (CE) para rebajar esas emisiones en un 30 % respecto a los niveles de 2021 y tendrán como referencia la postura del Parlamento Europeo (PE), que se haya posicionado en un 40 % para la negociación final a tres bandas entre Consejo, Eurocámara y Comisión.

La cita tendrá lugar un día después de que se conozcan los resultados del nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés),

Ese estudio, presentado hoy en Seúl, destaca la importancia de limitar la subida de temperaturas a 1,5 grados centígrados a final de siglo, tarea muy urgente y que requiere "cambios sin precedentes" a nivel social y global, para evitar una mayor extinción de especies o reducir la subida del nivel del mar.

El consejo de ministros se anuncia ajustado pues los países llegan divididos en dos bloques: uno liderado por Alemania y nutrido por República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Hungría, con tesis más conservadores; y otro con grupo planteamientos más ambiciosos, con Francia al frente y aliados como el Reino Unido, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, los países nórdicos y España.

Los ministros llegan a la reunión, marcada en gran medida por la diferencia de parecer entre París y Berlín, sin acuerdo previo de los embajadores de los Veintiocho, que no lograron fijar una postura en las reuniones preparatorias previas al consejo que los titulares de Medioambiente celebrarán en Luxemburgo.

La CE, por su parte, ha publicado recientemente un documento que advierte de las pérdidas de empleo que ocasionaría acelerar demasiado la transición hacia los vehículos eléctricos, mientras que la canciller alemana, Angela Merkel, se ha pronunciado a favor de las tesis medioambientalmente más conservadoras.

"Desde una perspectiva social, un objetivo del 30 %, y en menor medida del 40 %, conduce a un ahorro económico neto medio para cada coche en 2030. Una mayor ambición lleva a costes económicos netos", apuntaba el Ejecutivo comunitario en su análisis de los diferentes escenarios para la transición del motor de combustión al eléctrico.

No obstante, y a la luz del informe del IPCC, el Ejecutivo comunitario ha asegurado que es necesario elevar la ambición de la UE en la lucha contra el calentamiento global.

Por su parte, la industria, a través de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), ha manifestado sus "serias preocupaciones" no solo por el objetivo de del 40 % para 2030 que propone la Eurocámara sino también por la senda intermedia para que los vehículos nuevos reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono en un 20 % para 2025, siempre respecto a los niveles de 2021.

Los fabricantes del sector del motor también presionan para que se reduzcan las pretensiones del PE respecto a los vehículos eléctricos o híbridos y de otras tecnologías poco contaminantes, llamados a reemplazar a los motores de combustión como parte del esfuerzo de la UE para alcanzar sus compromisos fijados en el Pacto Climático de París.

El pleno de la Eurocámara se decantó por imponer a los constructores que al menos el 20 % de su nueva flota en 2025, y el 30 % en 2030, corresponda a vehículos eléctricos o poco contaminantes (los que emitan menos de 50 gramos de CO2 por kilómetro).

Una vez los países fijen su posición podrá iniciarse la negociación final entre el Consejo, la Eurocámara y la Comisión en los llamados "trílogos" para fijar la tasa definitiva que se convertirá en normativa comunitaria previsiblemente a inicios de 2019.

Además de forjar un acuerdo "ambicioso", explican fuentes diplomáticas españolas, el objetivo pasa también por aprobar esa normativa antes del cambio de ciclo en las instituciones comunitarias que tendrá lugar tras las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de mayo.