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El pasado jueves, el Gobierno y las comunidades dieron un paso más allá. Ambos se comprometieron a que, en 2026, ningún niño tutelado menor de seis años viva en centros de acogida residencial, y que antes de 2031, tampoco lo hagan menores de diez años. Esta medida se incluye en el Plan de Acción contra la explotación sexual.
Un Plan de Acogida contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes
Gobierno y comunidades se comprometieron el pasado jueves a una de las reformas sociales más esperadas: la prohibición de que en 2026 los niños tutelados menores de 6 años no vivan en centros de acogida residencial. A ello se le suma otra idea, que los niños menores de diez años tampoco lo hagan antes de 2031.
Esta medida se recoge dentro del Plan de Acción contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes del sistema de protección a la infancia, un plan al que se ha dado luz verde por parte de la Conferencia Extraordinaria donde se encuentra Igualdad, Infancia y Adolescencia, y por supuesto, Ione Belarra e Irene Montero.
El Gobierno y las autonomías centran en este único objetivo, pero sobre todo en el ámbito de prevenir la explotación sexual contra la infancia y adolescencia tutelada o acogida por administraciones, mejorar la atención de las víctimas y reforzar el sistema de protección para evitar problemas en un futuro.
Según datos disponibles, en 2020, el número de niños tutelados en manos del sistema público superaba los treinta y cinco mil, todos ellos repartidos en acogimiento familiar, acogimiento residencial o tenían algún tipo de discapacidad.
Reducción de la explotación sexual y especialización de los trabajadores
Todas las medidas están dirigidas a los niños tutelados, pero también a sus centros y profesionales. Sin duda, el objetivo más buscado dentro del plan es la de reducir a corto plazo la incidencia de la explotación sexual en los centros de acogida a través de modificaciones estructurales que impiden que se produzcan este tipo de violencia. A corto plazo, también se incluyen medidas en cuanto a la formación especializada de los trabajadores de muchos centros.
Por otro lado, existen numerosas herramientas incluidas en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia Frente a la Violencia.
La guía no solo quiere reducir la edad para ingresar en sitios de acogida, sino luchar contra la violencia, notificar y derivar los casos de acoso sexual y violación, garantizar la recuperación efectiva de las víctimas y crear servicios especializados de atención para estos niños y niñas.
Las familias de acogida son la mejor opción para niños tutelados
Tanto la ciudadanía, como el Gobierno y las comunidades, consideran oportuno optar por familias de acogida para los niños tutelados, ya que son lugares más tranquilos y a la vez permiten realizar un seguimiento mucho más especializado. Por eso, ambos insisten en que los menores no entren en centros de acogida con poca edad, sino fortalecer el vínculo de muchas familias y niños que necesitan un hogar, una familia.
Por último, han querido desarrollar un protocolo de actuación ante las numerosas fugas de centros que se viven en el día a día, llegando a notificar casos de desaparición de niños tutelados.
En general, el Gobierno busca una mejor vida para todos los niños tutelados que se encuentran en situaciones vulnerables, unos niños que únicamente necesitan el calor de una familia de acogida.
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