El CERMI reclama retirar ayudas a empresas que no cumplan con la cuota de empleo para personas con discapacidad

El CERMI solicita al Congreso que modifique la Ley General de Subvenciones para impedir que empresas que incumplan la cuota de empleo para personas con discapacidad reciban ayudas públicas, con el objetivo de garantizar la inclusión laboral y proteger sus derechos.

El CERMI y su protección en el empleo para las personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado al Congreso que se modifique la Ley General de Subvenciones. El objetivo es impedir que las empresas que incumplan la obligación legal de reserva de empleo para la discapacidad puedan recibir ayudas públicas. La propuesta también alcanza a compañías sancionadas por discriminación o vulneración de los derechos de este colectivo.

Según CERMI, esta propuesta forma parte del trámite parlamentario de la ley destinada a reforzar la inclusión laboral a través de la cuota de reserva de empleo. La entidad insiste en que cualquier subvención debe condicionarse al cumplimiento estricto de la normativa, asegurando que solo quienes respetan la ley y promueven la inclusión puedan beneficiarse de fondos públicos.

¿Cuáles son las causas de la exclusión?

La modificación mantiene las causas de exclusión ya previstas, que afectan a empresas condenadas por delitos como corrupción, malversación, fraude o vulneraciones de derechos fundamentales.

Además, incorpora nuevas razones para impedir la concesión de ayudas, incluyendo sanciones administrativas muy graves por discriminación, acoso laboral o incumplimiento de la reserva legal de empleo para personas con discapacidad. También se consideran las vulneraciones relacionadas con igualdad, no discriminación y accesibilidad universal.

Protección de derechos y recursos públicos

CERMI subraya que el propósito de esta iniciativa es garantizar que los recursos públicos no beneficien a quienes violan los derechos humanos de las personas con discapacidad. “El acceso a subvenciones debe reservarse a quienes cumplen la ley y fomentan la inclusión. No es aceptable premiar con fondos públicos a quienes discriminan o ignoran sus responsabilidades sociales”, señalan desde la entidad.

La propuesta tiene un efecto preventivo, incentivando a las empresas a cumplir de manera proactiva la normativa laboral destinada a la discapacidad. Al condicionar las ayudas al cumplimiento legal, se espera que más compañías respeten la cuota de reserva de empleo y adopten políticas inclusivas, generando un entorno laboral más justo y accesible.

Uso responsable de fondos públicos

CERMI destaca que esta medida protege los derechos de las personas con discapacidad y asegura un uso ético de los fondos públicos. Por ello, establecer que las subvenciones solo beneficien a quienes cumplen la ley fortalece la cultura de inclusión y responsabilidad social en España.

Con esta iniciativa, la entidad busca dar un paso firme hacia la plena integración laboral de las personas con discapacidad, promoviendo que su acceso al empleo sea respetado y protegido, y evitando que sean víctimas de discriminación en cualquier ámbito laboral.