Refuerzo de la protección infantil en centros residenciales: una prioridad aún pendiente

Cuatro años después de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), la Plataforma de Infancia ha hecho un llamado urgente a las comunidades autónomas para que refuercen la implementación de esta norma, especialmente en los centros residenciales de protección infantil.

La organización reconoce los avances logrados, como la creación de órganos judiciales especializados en violencia contra menores, pero insiste en que aún quedan aspectos fundamentales por concretarse para garantizarla de forma real y efectiva en todo el territorio español.

La figura de protección es clave, pero aún no es obligatoria en los centros

Uno de los principales reclamos de la Plataforma es la obligatoriedad de contar con una figura referente en este aspecto en todos los centros residenciales para menores. Esta figura, ya obligatoria en ámbitos como el educativo, deportivo o de ocio, aún no se contempla de forma obligatoria en los recursos de acogida residencial. Según Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de la organización, esta ausencia representa una grave carencia de la Lopivi, especialmente considerando la vulnerabilidad de los 17.112 niños, niñas y adolescentes que actualmente residen en estos centros.

La Plataforma de Infancia advierte que los menores residentes en estos centros son especialmente susceptibles a sufrir violencia, por causas como la separación de sus familias, la carencia de atención personalizada o el haber vivido en entornos marcados por el maltrato o la negligencia. A esto se suma el riesgo añadido que representa, en ciertos casos, que la localización de los centros sea conocida, lo que los expone a posibles redes de explotación.

Explotación sexual: un frente de acción urgente

Tanto la Lopivi como el Plan de Acción contra la Explotación Sexual de Niños y Adolescentes del sistema de protección establecen la necesidad de medidas específicas para frenar este tipo de violencia. Entre ellas se destacan la creación de servicios especializados de atención y recuperación integral, así como la formación específica de todo el personal que trabaja en centros residenciales para prevenir y detectar situaciones de explotación sexual. Sin embargo, la Plataforma denuncia que muchas entidades públicas aún no disponen de protocolos claros para la prevención, detección, denuncia y reparación de estos casos.

Ante esta realidad, la Plataforma insiste en la necesidad urgente de aprobar un protocolo marco de actuación contra la violencia que establezca estándares homogéneos en todos los centros de protección. Este documento, que aún se encuentra pendiente de aprobación por parte del Gobierno, serviría de base para asegurar que todos los menores en acogida residencial tengan garantizada la misma calidad y eficacia en la respuesta institucional frente a la violencia.

La organización también hace un llamado a las comunidades autónomas para que desarrollen normativas que incluyan la figura del referente de protección adaptada a las características propias del acogimiento residencial. Asimismo, consideran prioritario establecer canales seguros, confidenciales y eficaces para que los niños, niñas y adolescentes puedan comunicar situaciones de violencia, hacer quejas, solicitar asesoramiento o presentar denuncias de forma accesible.

Acceso a instituciones y voz propia

Finalmente, la Plataforma de Infancia subraya la importancia de garantizar que los menores en centros de protección tengan acceso efectivo a instituciones como las Defensorías del Pueblo o de la Infancia, así como al Ministerio Fiscal. Almudena Escorial enfatizó la necesidad de fomentar su participación activa en los procesos de toma de decisiones que les afectan, escuchando sus opiniones y propuestas como parte fundamental de su derecho a ser protegidos y respetados.

Con estos puntos, la Plataforma de Infancia reitera su compromiso con una implementación plena de la Lopivi y con la defensa de los derechos de todos los menores, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.