30/05/2025 - 14:00
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El Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, transferir casi 200 millones de euros, en concreto 198,7 millones, a los gobiernos de las comunidades autónomas, excepto País Vasco y Navarra, y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con el objetivo de reforzar los servicios sociales, financiar programas de protección a las familias y de atención a la pobreza infantil.
Así lo anunció el ministro Pablo Bustinduy, que subrayó que estos casi 200 millones de euros están dedicados a los programas de protección a las familias y de atención a la pobreza infantil, lo que incluye prestaciones básicas de servicios sociales, pero también la “garantía del derecho de la infancia a la alimentación saludable, al ocio y a la cultura”.
En concreto, estas actuaciones deben orientarse a mejorar la situación de las familias más vulnerables y de las que presentan necesidades singulares de protección, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las familias que viven en el medio rural.
Una inversión histórica contra la pobreza infantil para las familias más vulnerables
Como decíamos, el Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado una inversión de 200 millones de euros para impulsar políticas que protejan a las familias en situación de vulnerabilidad y combatan la pobreza infantil. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Acción Estatal para la Reducción de la Pobreza Infantil, con el objetivo de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los niños, independientemente de su origen social.
La medida busca fortalecer los servicios sociales en las comunidades autónomas y ayuntamientos, mejorar las prestaciones económicas y apoyar proyectos comunitarios que favorezcan el desarrollo integral de la infancia.
¿A qué se destinarán los fondos?
Los 200 millones se repartirán entre distintas líneas de actuación. Una parte importante se dirigirá a programas de atención temprana, refuerzo educativo, apoyo psicológico y acceso a ocio y cultura para menores en situación de exclusión.
Otra parte será destinada a prestaciones económicas directas para familias con menores a cargo, especialmente aquellas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. También se reforzará el acompañamiento a través de profesionales sociales y se ampliarán los recursos para el cuidado de la infancia, con énfasis en hogares monoparentales y familias numerosas.
Una lucha urgente contra la pobreza infantil
España es uno de los países europeos con mayores tasas de pobreza infantil, situándose en torno al 27 %, según datos de Eurostat. Esta realidad tiene un impacto directo en el acceso a una buena alimentación, educación, salud y bienestar emocional de los niños.
Con esta inversión, el Gobierno espera avanzar hacia una mayor equidad social, reducir las brechas existentes y ofrecer a las futuras generaciones un entorno más justo, saludable y seguro. La medida también contribuye a cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos de la infancia.
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