El Gobierno reforma la Lopivi para garantizar que todos los niños sean escuchados sin límite de edad

El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha preparado un borrador de reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi). El texto plantea una ampliación clave: eliminar el actual límite de 12 años a partir del cual la Justicia está obligada a escuchar a los niños, garantizando así que todos los menores, sin excepción, puedan ser tenidos en cuenta en procesos administrativos y judiciales.

Desde el departamento que lidera Rego se subraya que esta modificación busca reforzar la atención y protección en todos los ámbitos. “Es imprescindible garantizar el derecho a la escucha sin importar la edad del menor”, explican fuentes ministeriales.

El Ejecutivo de coalición lleva casi un año trabajando en este ajuste normativo, que para la propia ministra resulta “indispensable”. El anuncio cobró fuerza tras el episodio relacionado con el caso Juana Rivas, cuando uno de sus hijos manifestó su negativa a volver con su padre a Italia, aunque finalmente la Justicia no atendió su voluntad. Rego lamentó entonces que “no es un caso aislado” y denunció que muchos niños encuentran enormes dificultades para ser escuchados, creídos y reparados.

Interés superior de los niños como eje central

La reforma se apoya en el principio del interés superior del menor, que se reforzará en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Actualmente, los jueces están obligados a escuchar a los niños a partir de los 12 años, pero con la nueva propuesta esa edad dejará de ser un requisito.

Además, cualquier resolución que afecte a un niño o niña deberá justificar expresamente cómo se ha valorado su interés superior, una exigencia que pretende aportar más transparencia y garantías en los procedimientos.

Otro de los puntos destacados es la prohibición expresa de la violencia institucional, así como del Síndrome de Alienación Parental (SAP). Esta teoría, formulada en 1985 por Richard Gardner, sugiere que una madre manipula al hijo para enfrentarlo al padre en disputas de custodia. El Consejo General del Poder Judicial ya rechazó esta hipótesis por considerarla una práctica coactiva y lesiva para los derechos de los menores.

La reforma contempla sanciones administrativas para evitar el uso del SAP en los tribunales y para combatir cualquier forma de violencia institucional.

Derecho a la reparación y Estatuto de la Víctima

El borrador también avanza en el reconocimiento del derecho a la reparación de las víctimas, un aspecto ya contemplado en la Lopivi pero sin un desarrollo claro. La nueva redacción quiere que los niños y niñas víctimas de violencia sexual sean reconocidos como titulares plenos de los derechos del Estatuto de la Víctima del Delito.

La propuesta fija condiciones mínimas para garantizar una escucha efectiva y respetuosa. Entre ellas destacan:

• Confidencialidad en las declaraciones,
• Prevención del contacto con el presunto agresor,
• Posibilidad de elegir el acompañamiento,
• Opción de escoger el sexo de la persona entrevistadora en casos de violencia sexual o maltrato.

También se establece que las resoluciones judiciales deberán expresarse en un lenguaje claro, comprensible y accesible, con el fin de que los menores entiendan las decisiones que les afectan directamente.

Creación del abogado del menor

Una de las principales novedades es la figura del abogado del menor, un profesional de oficio con formación específica en derechos de infancia. Esta figura sustituirá al actual defensor judicial, considerado insuficiente por los expertos.

El objetivo es que los intereses de los niños no queden subordinados a los de los progenitores en casos de conflicto, como ocurrió con el hijo menor de Juana Rivas o con otros procesos de custodia.

La ampliación de la Lopivi también incluye la elaboración de un Plan Director, que servirá para fijar la formación especializada de todo el personal que tenga contacto con menores en el sistema judicial y administrativo.

Un trabajo respaldado por un grupo de expertas

Desde febrero, un grupo de 12 especialistas en derecho, psicología, sociología, pediatría y trabajo social ha trabajado junto al Ministerio en esta reforma. Entre ellas se encuentran la magistrada Isabel Giménez, la trabajadora social Antonia Aretio, la profesora Débora Ávila, la jurista María del Mar Daza, la psicóloga Mireia Forner, la jueza Cira García, la psiquiatra Lluisa García, la activista Ana María González, la profesora Francisca Granados, la jurista María Naredo, la pediatra Narcisa Palomino y la magistrada Gloria Poyatos.

Este equipo de expertas ha aportado un enfoque multidisciplinar para garantizar que la norma responda a la complejidad de los casos que involucran a la infancia.

El Ministerio de Juventud e Infancia deberá ahora coordinar con las carteras de Igualdad y Justicia los últimos detalles de la reforma. El objetivo es que, una vez aprobada, se convierta en una herramienta eficaz para que los niños y niñas de cualquier edad puedan ejercer su derecho a ser escuchados y protegidos en los procesos donde estén implicados.

Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un sistema que no solo atienda, sino que también escuche, repare y cuide a la infancia, poniendo en el centro a los menores como sujetos plenos de derechos.