El Congreso da luz verde a la tramitación de una ley para crear un registro de celíacos y una ayuda de 600 euros

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) para mejorar la situación de las personas con enfermedad celíaca en España. La iniciativa obtuvo un amplio apoyo parlamentario, con 338 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, lo que garantiza su paso al trámite legislativo ordinario.

La propuesta incluye dos medidas principales: la creación de un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca y la introducción de una deducción de 600 euros en el IRPF, configurada como un impuesto negativo, es decir, una ayuda directa que podría percibirse incluso si el beneficiario no está obligado a tributar.

Un beneficio potencial para medio millón que son celíacos

Según los cálculos del PP, basados en datos del Ministerio de Sanidad, la medida podría beneficiar a unas 500.000 personas diagnosticadas con celiaquía en España. La enfermedad, que obliga a mantener una dieta estrictamente libre de gluten, conlleva un gasto considerablemente mayor en alimentación, lo que ha motivado históricamente las demandas de las asociaciones de pacientes.

La Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), cuyos representantes asistieron al debate parlamentario, lleva años reclamando medidas concretas para paliar el impacto económico de esta enfermedad. Según la organización, mientras los precios de los alimentos convencionales se han mantenido estables, los productos sin gluten continúan encareciéndose, afectando la economía familiar de los pacientes.

El PP recuerda que, de acuerdo con estimaciones recientes, los celíacos afrontan un sobrecoste anual de 977,85 euros solo en productos alimenticios específicos. La diputada popular Maribel Sánchez Torregosa, encargada de defender la proposición, destacó que “una persona con celiaquía puede llegar a pagar entre tres y cuatro veces más por alimentos básicos como el pan o las galletas”.

Sánchez Torregosa subrayó que la ayuda de 600 euros pretende ser un mecanismo universal y reembolsable, con el fin de que nadie quede excluido por motivos económicos. “Esta deducción no dejará fuera a las familias con rentas bajas que no tributan en el IRPF”, explicó, insistiendo en que la medida busca garantizar la igualdad en el acceso a la salud y la alimentación.

En cuanto al procedimiento, la proposición establece que los beneficiarios deberán contar con un diagnóstico médico oficial, registrado en el nuevo censo estatal. De esta forma, la ayuda estaría limitada a los casos clínicamente confirmados de celíacos. “No es una medida para quienes opten voluntariamente por eliminar el gluten de su dieta”, aclaró la diputada.

Reacciones de otros grupos parlamentarios

La propuesta del PP recibió el respaldo generalizado de la mayoría de grupos, aunque con matices y advertencias sobre la necesidad de mejorar el texto durante su tramitación.

Desde el Grupo Mixto, la portavoz de Compromís, Águeda Micó, expresó su apoyo para continuar el debate legislativo, si bien consideró que “hay muchas cuestiones sin resolver” en el texto inicial.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, valoró positivamente la creación del registro para celíacos, al considerarlo “útil y necesario para disponer de más datos que permitan planificar, investigar y anticipar la respuesta sanitaria ante el aumento de casos”.

El PNV, representado por Joseba Agirretxea, compartió la preocupación de FACE, pero criticó la propuesta popular por “deficiencias de diseño, equidad y eficacia”. Desde Bildu y Junts, se defendió que la gestión de este tipo de ayudas debería recaer en los servicios de salud autonómicos, al tratarse de una competencia regional.

En el caso de ERC y Sumar, sus portavoces Etna Estrems y Alda Recas reprocharon al PP la escasa profundidad de la iniciativa.

Vox y PSOE también apoyan la tramitación, aunque con críticas

El diputado de Vox, Tomás Fernández Ríos, manifestó su apoyo a la toma en consideración y defendió que la respuesta debe provenir del Gobierno central, para evitar desigualdades entre comunidades autónomas. “Hoy existen diferencias notables entre las ayudas disponibles en cada región”, señaló.

El PSOE, a través de la diputada Isabel Iniesta, también votó a favor de que la iniciativa se tramite, aunque aprovechó su intervención para cuestionar la coherencia del PP. Iniesta recordó que en marzo de 2023, cuando los socialistas propusieron en las Cortes de Castilla y León un sistema de ayudas para celíacos basado en la renta, el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco abandonó el pleno “haciendo un gesto despectivo” hacia la diputada que defendía la propuesta. “Y ahora —añadió Iniesta— presentan en el Congreso una deducción idéntica para todos, sin tener en cuenta el nivel de renta ni las circunstancias familiares. Eso no es justicia social, es oportunismo fiscal”.

Un primer paso hacia un reconocimiento legal

Con la aprobación de esta toma en consideración, el Congreso da un paso decisivo hacia la creación del primer marco legal específico de apoyo a los pacientes celíacos en España. Aunque el texto aún deberá ser debatido y modificado, la iniciativa abre la puerta a un sistema de compensación económica y a un registro nacional que permitirá conocer mejor la magnitud de esta enfermedad y sus necesidades.