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La accesibilidad se mantiene por cuarto año consecutivo como el ámbito que acumula más denuncias por vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, según lo atestigua el informe 'Derechos Humanos y Discapacidad. España 2024', elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
El informe se presentó en un acto organizado por la agencia de noticias Servimedia que, moderado por su director general, José Manuel González Huesa, contó con la participación del delegado del Cermi de Derechos Humanos y para la Convención, Gregorio Saravia; la comisionada de los Cermi Autonómicos, Teresa Palahí; la delegada de la Fundación "la Caixa" en Madrid, Laura Llapart; y la directora técnica de Relaciones Internacionales del Grupo Social ONCE y miembro del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Natalia Guala Beathyate.
En conjunto, el informe 'Derechos Humanos y Discapacidad. España 2024' comprende 145 denuncias por derechos vulnerados, 81 propuestas de mejora y 39 avances, siendo la accesibilidad el ámbito que recoge más denuncias por vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. "Sin accesibilidad, hay otros muchos derechos que quedan reducidos a la nada", aseveró Gregorio Saravia.
Aún un reto pendiente
La accesibilidad sigue siendo el principal obstáculo para la inclusión plena de las personas con discapacidad en España. A pesar del marco legal que garantiza el derecho a un entorno accesible, como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, las denuncias por vulneraciones en este ámbito se mantienen como las más frecuentes. Espacios públicos, transporte, edificios, y servicios digitales presentan todavía numerosas barreras que limitan la autonomía y participación social de millones de ciudadanos.
Según los últimos informes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la mayoría de quejas recibidas en 2024 están relacionadas con la falta de accesos adaptados, la ausencia de señalización adecuada, o la imposibilidad de utilizar aplicaciones o webs por falta de diseño inclusivo.
Tipos de barreras que persisten
Las barreras arquitectónicas, sensoriales y de comunicación son las más reportadas. Muchas calles y estaciones de transporte carecen de rampas, ascensores o plataformas adecuadas. Además, las personas con discapacidad visual o auditiva denuncian la falta de señalética en braille, bucles magnéticos o subtitulación en actos públicos. En el entorno digital, la inclusión web sigue siendo un reto: formularios inoperativos, contenidos no adaptados a lectores de pantalla o portales que no cumplen con los estándares internacionales dificultan el acceso a servicios básicos como la sanidad, la educación o el empleo.
Esta falta de accesibilidad no solo supone una discriminación, sino una vulneración directa de derechos fundamentales. Y aunque existe un marco sancionador, su aplicación es limitada y lenta, lo que agrava la sensación de desprotección.
Hacia una inclusión real y efectiva
Para revertir esta situación, es necesario un mayor compromiso institucional y social. Las administraciones deben garantizar el cumplimiento estricto de la normativa, fomentar la formación en accesibilidad universal entre técnicos y arquitectos, y promover campañas de concienciación sobre la importancia de entornos inclusivos. A su vez, las personas con discapacidad deben poder participar en los procesos de diseño, planificación y supervisión de espacios y servicios, asegurando que sus necesidades sean tenidas en cuenta desde el inicio.
La accesibilidad no es un favor ni un añadido: es un derecho básico que abre la puerta a la igualdad de oportunidades para todos.
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