Accesibilidad Web en España 2025: normativas, requisitos y consecuencias legales

La accesibilidad web ya no es un lujo ni una opción. En España, como en el resto de la Unión Europea, las organizaciones públicas y muchas privadas están obligadas a cumplir con normativas estrictas para garantizar que sus sitios web y aplicaciones móviles sean accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades. Esta transformación normativa está liderada por la Directiva Europea de Accesibilidad, implementada a través de normas y leyes específicas como la EN 301549, el Real Decreto 1112/2018 y la Ley 34/2002 (LSSI).

EN 301549: la norma de referencia en Europa

Desde hoy, todos los organismos del sector público en los países miembros de la UE, incluida España, deben cumplir con la norma EN 301549, derivada de la Directiva Europea 2016 sobre accesibilidad web. Esta norma establece los criterios técnicos que deben seguir tanto los sitios web como las aplicaciones móviles de entidades públicas, organismos financiados por el gobierno y contratistas que presten servicios al sector público.

El incumplimiento de esta norma puede derivar en sanciones, ya que se han establecido mecanismos oficiales para la denuncia de infracciones. Aunque está centrada en el ámbito público, también tiene implicaciones para entidades privadas que trabajan con el gobierno.

Legislación nacional complementaria para la accesibilidad web

La Ley 34/2002 obliga a los proveedores de servicios digitales, incluyendo sitios web, a garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad. Esta ley toma como referencia los estándares WCAG 2.0 en su nivel AA para evaluar la conformidad en accesibilidad web.

Real Decreto 1112/2018: Este decreto, también conocido como Ley de Accesibilidad y Servicios Electrónicos para la Sociedad de la Información, especifica los requisitos técnicos que deben cumplir los sitios web y servicios digitales tanto públicos como privados que ofrezcan servicios de interés general. Su base también es WCAG 2.0.

Regulaciones Autonómicas: A nivel regional, algunas comunidades autónomas han desarrollado normativas propias que complementan la legislación nacional. Un ejemplo claro es Cataluña, que ha promulgado la Ley 19/2014 sobre accesibilidad en su territorio.

Con el avance hacia 2025, se ha vuelto crucial que las organizaciones estructuren su presencia digital con la accesibilidad como eje central. Sitios web no accesibles no solo pueden generar frustración o excluir a millones de usuarios, sino también acarrear sanciones legales y daños reputacionales.

Buenas prácticas técnicas en accesibilidad web

Para cumplir con los estándares modernos (como WCAG 2.2), los sitios web deben implementar medidas específicas:

• Estructura semántica clara con encabezados y elementos HTML adecuados.
• Navegación por teclado, sin necesidad de ratón.
• Enlaces descriptivos y formularios accesibles con etiquetas claras y manejo de errores.
• Transcripciones y subtítulos para contenido multimedia.
• Interfaz consistente, que mantenga patrones predecibles de uso.
• Opciones de personalización para el usuario (contraste, tamaño de texto, espaciado).
• Atributos de idioma declarados para facilitar el trabajo de tecnologías de asistencia.
• Declaración pública de accesibilidad en cada sitio web.
• Canales de soporte accesibles, incluidas plataformas de atención al cliente.
• Cobertura de terminales de autoservicio como quioscos y puntos digitales.
• Monitoreo y retroalimentación continua para mejorar el cumplimiento.

Qué establece la EAA (European Accessibility Act)

La EAA, también conocida como Ley Europea de Accesibilidad, refuerza el cumplimiento de WCAG 2.2 Nivel AA en todos los servicios digitales cubiertos. También exige que:

• Las aplicaciones móviles cumplan los mismos estándares que los sitios web.
• Los documentos digitales como PDFs sean compatibles con lectores de pantalla.
• Se brinde atención al cliente accesible y se garantice accesibilidad en todos los puntos de contacto digital.

Consecuencias del incumplimiento

No respetar las normas de accesibilidad ya no es un riesgo menor. Las organizaciones que no cumplan pueden enfrentarse a:

• Demandas judiciales.
• Pérdida de contratos públicos.
• Sanciones económicas.
• Daño a la imagen de marca.

Incluso las pequeñas empresas, ONGs o instituciones educativas han sido objeto de sanciones en otros países de la UE y se espera que esta tendencia continúe en España.

Invertir ahora es ganar en el futuro

Garantizar la accesibilidad web es hoy una obligación legal, pero también una oportunidad para mejorar la experiencia de usuario, reforzar la reputación institucional y ampliar el alcance a una población históricamente marginada.

Auditar y adaptar los sitios web con antelación, utilizando las directrices WCAG 2.2, permite evitar interrupciones, sanciones y esfuerzos apresurados. Desde GNDiario recomendamos actuar con antelación para asegurar el cumplimiento pleno antes de que se intensifique la fiscalización legal en 2025.