¿El gobierno "mantiene" a personas con discapacidad? Desmontando mitos sobre las ayudas

La afirmación de que "el gobierno mantiene a las personas con discapacidad" es una creencia popular extendida en muchos lugares, y también en España, que simplifica de manera peligrosa una realidad compleja.

Esta frase no solo es inexacta, sino que invisibiliza la lucha diaria por la autonomía, la dignidad y la participación plena en la sociedad de millones de personas. Lejos de un "mantenimiento", las ayudas a las que pueden acceder las personas con discapacidad son, en su mayoría, herramientas de apoyo diseñadas para compensar las barreras adicionales que la sociedad les impone y para facilitar una vida independiente y activa.

Analizar esta afirmación es crucial para desmontar prejuicios, entender el verdadero propósito de las políticas de inclusión y valorar el esfuerzo constante que las personas con discapacidad realizan para ser ciudadanos de pleno derecho.

La realidad de las ayudas: compensación y fomento de la autonomía

El término "mantener" implica una dependencia total, una vida pasiva subvencionada por el Estado. Sin embargo, la realidad de las personas con discapacidad es muy distinta:

• Compensación de barreras: Las ayudas económicas y los servicios de apoyo no buscan "mantener" a las personas, sino compensar los gastos y las dificultades adicionales que la discapacidad conlleva en un entorno a menudo inaccesible. Estos gastos pueden incluir tratamientos médicos, terapias de rehabilitación, adaptaciones en el hogar o el vehículo, productos de apoyo (sillas de ruedas, audífonos, bastones), asistencia personal, o un sobrecoste en el transporte.
• Fomento de la autonomía: La mayoría de las políticas de discapacidad están orientadas a fomentar la independencia y la inclusión social y laboral. Por ejemplo, una ayuda para transporte busca que la persona pueda ir a trabajar o estudiar; una ayuda para un asistente personal permite que viva de forma independiente y participe en la comunidad, no que esté "mantenida".
• Acceso al empleo: Lejos de promover la inactividad, las políticas públicas buscan facilitar la incorporación al mercado laboral mediante subvenciones a empresas que contratan a personas con discapacidad, programas de formación o apoyo al emprendimiento. El objetivo es que la persona sea productiva y contribuya a la sociedad.
• Mínimos vitales: Las prestaciones económicas más básicas (como la pensión no contributiva por invalidez) suelen ser inferiores al salario mínimo y están destinadas a garantizar un mínimo vital cuando la persona no puede acceder a un empleo o tiene ingresos muy bajos. No son suficientes para "mantener" una vida con dignidad y autonomía plena sin un esfuerzo adicional o el apoyo familiar.

El marco legal y los derechos para una ciudadanía plena

La concepción moderna de la discapacidad ha evolucionado de un modelo médico-asistencial (donde la persona era un objeto de caridad o atención médica) a un modelo social y de derechos humanos. Este cambio se ha consolidado con documentos clave:

1. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD):
   Ratificada por España en 2007, esta Convención reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Establece que los Estados Partes deben garantizar que puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Las prestaciones no son un regalo, sino la implementación de derechos como:
   • Derecho a un nivel de vida adecuado y protección social (Artículo 28).
   • Derecho al trabajo y al empleo (Artículo 27).
   • Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (Artículo 19).
2. Legislación Española:
   La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo 1/2013) es la norma fundamental en España. Esta ley busca garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Las prestaciones y servicios se enmarcan en este objetivo de inclusión, no de "mantenimiento". Incluyen:
   • Prestaciones económicas: Como pensiones no contributivas por invalidez, o ayudas para la movilidad y el transporte.
   • Servicios sociales: Como servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, o servicios de asistencia personal.
   • Beneficios fiscales: Reducciones o exenciones en algunos impuestos para compensar gastos adicionales.
   • Apoyo al empleo: Incentivos a la contratación, empleo con apoyo, centros especiales de empleo.

El verdadero coste de la vida con discapacidad, una lucha constante

La creencia de que el gobierno "mantiene" a las personas con discapacidad ignora la realidad económica y social a la que se enfrentan. Lejos de tener una vida fácil gracias a las ayudas, muchas personas con discapacidad se enfrentan a:

• Tasas de desempleo más altas: A pesar de los esfuerzos, las tasas de desempleo entre personas con discapacidad son significativamente más elevadas que en la población general.
• Salarios más bajos: Cuando consiguen empleo, sus salarios suelen ser inferiores.
• Gastos adicionales: Como se mencionó, los gastos asociados a la discapacidad pueden ser muy elevados y permanentes, superando con creces el importe de las prestaciones recibidas. Un estudio del Observatorio de la Discapacidad de la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) mostró que las personas con discapacidad necesitan, en promedio, un 20 % más de ingresos para tener el mismo nivel de vida que el resto de la población.
• Barreras de accesibilidad: La falta de accesibilidad en el transporte, edificios, ocio o información les impide participar plenamente en la vida social y económica, generando un "coste de oportunidad" y una menor calidad de vida.

La importancia de la concienciación

La falsa idea de que las personas con discapacidad son "mantenidas" por el Estado no solo es un error, sino que fomenta prejuicios, reduce su valor social y puede generar resentimiento. Desmontar este mito es esencial para:

• Promover la empatía y la comprensión: Entender que las ayudas son herramientas para la igualdad, no privilegios.
• Valorar el esfuerzo individual: Reconocer la perseverancia y el trabajo de las personas con discapacidad por ser activas y autónomas.
• Impulsar políticas más efectivas: Concentrar el debate en cómo mejorar la inclusión, la accesibilidad y las oportunidades, en lugar de cuestionar la necesidad de las prestaciones.
• Luchar contra el capacitismo: Eliminar la discriminación y los prejuicios basados en la creencia de que las personas con discapacidad son menos capaces o valiosas.

Así las cosas, las prestaciones y servicios para personas con discapacidad no son un "mantenimiento" que las condene a la inactividad, sino un reconocimiento de sus derechos y un apoyo fundamental para compensar las desigualdades existentes. Son una inversión social en la autonomía, la dignidad y la participación plena de todos los ciudadanos en una sociedad más justa e inclusiva.